La Legislatura de Tucumán avanza en un proyecto que podría cambiar las reglas de la campaña electoral en las redes sociales. La iniciativa, impulsada por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales el martes 17 de noviembre y contempla multas de hasta $30 millones para quienes difundan contenidos considerados falsos o descontextualizados. Además, faculta a la Junta Electoral Provincial a ordenar la eliminación de publicaciones en un plazo máximo de 12 horas.
El texto fue presentado en noviembre de 2025 y ya generó debate por el alcance de las atribuciones que otorga al organismo electoral. Aunque no crea formalmente una nueva fuerza de seguridad, sus facultades para fiscalizar contenidos digitales llevaron a que se la describa como una suerte de “Policía Electoral”.
Denuncias, eliminación exprés y sanciones económicas
El artículo 9 del proyecto establece que cualquier elector habilitado en Tucumán o el Ministerio Público Fiscal podrá denunciar publicaciones consideradas falsas, manipuladas o descontextualizadas. Ante un requerimiento de la Junta Electoral, las plataformas tendrán un máximo de 12 horas para etiquetar, ocultar, desmonetizar o eliminar el contenido cuestionado.
Según el texto presentado, esas medidas no requieren una orden judicial previa ni contemplan necesariamente un descargo anterior de quien realizó la publicación. Las sanciones económicas previstas van desde $100.000 hasta $10 millones para quienes produzcan o difundan esos contenidos. Si se detecta el uso de bots o redes coordinadas, las multas podrían elevarse hasta $30 millones. Las agrupaciones políticas, por su parte, podrían recibir sanciones de entre $5 millones y $10 millones.
Además, las plataformas digitales estarán obligadas a proporcionar información sobre publicaciones, comentarios, interacciones, usuarios, fechas, horarios y direcciones IP.
Libertad de expresión y datos personales, en el centro de la polémica
Uno de los principales cuestionamientos a la iniciativa es la amplitud de términos como “contenido descontextualizado”, que podría dificultar la distinción entre desinformación, opiniones políticas, críticas y publicaciones periodísticas. Aunque el proyecto contempla excepciones para la sátira y las expresiones artísticas, la posibilidad de que una autoridad administrativa disponga medidas urgentes sobre publicaciones electorales abre interrogantes sobre la libertad de expresión, la protección de datos personales y las garantías de revisión judicial.
Tucumán ya cuenta con la Ley 9.290, sancionada en 2020, que incorporó sanciones por la difusión de noticias falsas en internet, incluidas multas y arrestos de hasta diez días.
Por ahora, la nueva iniciativa no es ley. Tras obtener dictamen en comisión, deberá avanzar en el trámite legislativo para que sus disposiciones puedan entrar en vigencia.

