“El Ministerio de Seguridad denunció a la jueza Karina Andrade por liberar a 114 detenidos tras la marcha de jubilados, desatando una controversia que mezcla política, justicia y derechos ciudadanos. Entre acusaciones de irregularidades y decisiones cuestionadas, el caso promete encender un debate intenso.”
El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia contra la jueza Karina Andrade, acusándola de prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento agravado. ¿El motivo? La liberación de 114 detenidos tras la marcha de jubilados del 12 de marzo, una decisión que, según el oficialismo, careció de análisis de pruebas y procedimientos legales.
La jueza Andrade defendió su postura, argumentando que los arrestos no tenían sustento y que buscaba garantizar el derecho constitucional a la protesta. Sin embargo, el Ministerio insiste en que entre los liberados había personas con antecedentes graves y que la resolución de Andrade fue tomada de manera irregular, incluso a través de un grupo de mensajería.
En paralelo, el gobierno también denunció a figuras como Mario Firmenich y Fernando Espinoza, acusándolos de promover disturbios con fines desestabilizadores. La represión de la marcha dejó un saldo trágico: el fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido, sigue luchando por su vida.
Un caso que mezcla política, justicia y derechos ciudadanos, con todos los ingredientes para un debate intenso.
