El Pacto de Mayo firmado por el Gobierno nacional y 18 gobernadores exige a las provincias un ajuste adicional de 25.000 millones de dólares, según un informe del economista Roberto Feletti. El recorte se suma a la motosierra ya aplicada por la administración de Javier Milei.
El informe, elaborado por el Informe de Coyuntura bajo la coordinación de Roberto Feletti, detalla que el gasto público nacional pasó de representar el 25% del PBI al 15% en dos años, un ajuste de casi 50.000 millones de dólares. Ahora, con el Pacto de Mayo, se busca reducir el gasto consolidado de provincias y municipios de 15 a 10 puntos del PIB, lo que equivale a esos 25.000 millones adicionales.
“Es la intención de transformar al país en un mero exportador de materias primas que además se subordina a Estados Unidos en el objetivo de la potencia -hemisférica y global- de garantizarse cadenas de suministros”, señala el texto. El acuerdo, según el informe, implica un intercambio: el ajuste provincial a cambio de la entrega de los recursos naturales, a través de proyectos como la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y cambios en las leyes de glaciares y manejo del fuego.
El ajuste en las provincias impacta directamente en servicios esenciales como salud, educación y seguridad. “Inducir el ajuste en las provincias es impactar entre los territorios en forma concreta. Las provincias son efectoras de salud, educación, seguridad y, en conjunto con los municipios, de bienes sociales diversos”, advierte el informe, que recuerda que los Pactos Fiscales de los años 90 provocaron crisis institucionales y la aparición de cuasimonedas.
El trabajo también destaca la discrecionalidad en las transferencias a las provincias. Durante el primer cuatrimestre del año, las transferencias se redujeron un 38% en términos reales, pero con fuertes disparidades: Catamarca recibió un 765% más, La Pampa un 3600% más, mientras que provincias como La Rioja, Formosa, Tierra del Fuego y Buenos Aires fueron castigadas.
En paralelo, el empleo registrado cayó en 526.000 trabajadores entre noviembre de 2023 y enero de 2026, según datos del SIPA. La economía crece impulsada por hidrocarburos y minería, sin derrame laboral. El informe vincula este modelo con los intereses de Estados Unidos, que busca asegurarse cadenas de suministro de recursos naturales en el hemisferio, en el marco de una nueva Doctrina Monroe impulsada por Donald Trump.
