El gobierno argentino ha dado un paso contundente en la flexibilización del sistema tributario con el proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”. Esta iniciativa, anunciada por el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, junto con el diputado nacional José Luis Espert, propone un cambio radical en el tratamiento de la evasión y el régimen impositivo del país.
Uno de los aspectos más llamativos es la elevación de los umbrales de fiscalización, lo que reducirá drásticamente la cantidad de investigaciones por evasión tributaria. Según explicó Pazo, el objetivo es simplificar el sistema y evitar sanciones penales en casos que pueden resolverse con el pago de impuestos. Esto se traduce en que de las 7.000 causas abiertas actualmente en el fuero penal tributario, solo 200 quedarían activas.
Asimismo, el proyecto introduce modificaciones en el régimen simplificado de Ganancias, permitiendo que los contribuyentes paguen únicamente sobre lo facturado, sin considerar la variación patrimonial. Esto significa que alguien que adquiera múltiples propiedades, por ejemplo, solo tributará en función de sus ingresos, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio.
Desde el punto de vista político, Espert destacó que la aprobación de esta ley implicaría una mayor libertad para los ciudadanos en la gestión de sus recursos financieros, haciendo hincapié en la necesidad de apoyo parlamentario para su implementación. Además, el diputado arremetió contra algunos gobernadores, especialmente contra Axel Kicillof, a quien responsabilizó de la situación económica de la provincia de Buenos Aires.
El debate sobre esta reforma fiscal promete generar intensas discusiones en el Congreso y en el ámbito económico, ya que representa un giro importante en la política impositiva del país. ¿Será esta la solución para aliviar la carga tributaria de los argentinos o abrirá la puerta a nuevas desigualdades? Habrá que esperar el desenlace en el Parlamento.
