El presidente Javier Milei ejecutó una reestructuración de su gabinete mediante el Decreto 571/2026, eliminando el Ministerio del Interior y transfiriendo todas sus competencias a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli. La medida, justificada por “razones de gestión”, busca concentrar el poder político y parlamentario en una sola figura para acelerar las reformas estructurales del Gobierno.
El nuevo esquema reduce el gabinete a ocho ministerios y otorga a Santilli atribuciones inéditas: coordinar las relaciones del Ejecutivo con el Congreso y asegurar el “más pronto trámite” de los proyectos presidenciales. En la práctica, esto centraliza el lobby oficialista para evitar las demoras que sufrieron iniciativas previas en las comisiones legislativas.
Un esquema de gestión vertical
Para sostener este volumen de responsabilidades, Santilli contará con Guillermo Devitt como Vicejefe de Gabinete y Gustavo Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior, este último encargado de las negociaciones con los gobernadores. Milei elimina así intermediarios y unifica el control administrativo con la conducción política.
La reestructuración también oficializó nuevas Secretarías Presidenciales con rango ministerial: Vocería Presidencial, a cargo de Adrián Ravier, y Comunicación y Medios, para Fabián Fernández. Ambos ya estaban en funciones, pero fueron formalizados este viernes en el Boletín Oficial.
El Gobierno apuesta a un verticalismo absoluto, donde la Jefatura de Gabinete actúa como el gran embudo de la política nacional. El decreto busca “coherencia en el accionar de la administración e incrementar su eficacia” ante un Congreso que sigue siendo el principal escollo para el programa económico oficial.
El uso de un DNU para reformar la estructura del Estado elude el debate legislativo previo, una herramienta que la gestión de Milei utilizó con frecuencia bajo el paraguas de la emergencia. Además, Santilli adquiere poder de fuego financiero: podrá intervenir en la elaboración y control de la Ley de Presupuesto y en la distribución de las rentas nacionales, lo que le permite disciplinar o seducir a las provincias según las necesidades legislativas del oficialismo.
