La condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad no solo marcó un hito judicial, sino que también puso en el centro del debate la imparcialidad de los magistrados que intervinieron en el proceso. A lo largo de los años, diversas investigaciones han revelado vínculos entre algunos jueces y fiscales con el expresidente Mauricio Macri, lo que ha generado cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial en Argentina.
Entre los jueces que participaron en la causa se encuentran Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes integraron el Tribunal Oral Federal N°2 y dictaron la condena contra la exmandataria. En instancias superiores, los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña fueron clave en la confirmación del fallo. Todos ellos han sido señalados por sus encuentros con Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada durante su presidencia, lo que ha generado sospechas sobre su imparcialidad.
El fiscal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación, también ha sido cuestionado por su cercanía con Giménez Uriburu, con quien compartía partidos de fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri. Además, el juez Julián Ercolini, quien instruyó la causa en primera instancia, fue uno de los magistrados que participaron en el polémico viaje a Lago Escondido, junto a otros jueces, funcionarios porteños y empresarios vinculados al Grupo Clarín.
A estos vínculos se suma la controvertida designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto de Macri en 2016. Este nombramiento sin previo acuerdo del Senado fue ampliamente criticado por sectores jurídicos y políticos, dado que contradecía los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional. Aunque luego fueron ratificados por el Congreso, el episodio dejó en evidencia las maniobras que ciertos sectores han utilizado para influir en el máximo tribunal del país.
Este viaje, realizado en un vuelo privado hacia la mansión del magnate Joe Lewis, ha sido objeto de investigaciones y denuncias, ya que se considera una muestra de la connivencia entre sectores del Poder Judicial y el establishment político y mediático.
La relación entre estos jueces y fiscales con Macri ha sido desestimada por la Corte Suprema, que calificó las acusaciones como “meras conjeturas” y ratificó la condena contra Cristina Kirchner. Sin embargo, el debate sobre la independencia judicial sigue abierto, y la sociedad argentina continúa cuestionando si la justicia actúa con verdadera imparcialidad o si responde a intereses políticos.
Este caso no solo define el futuro de la exmandataria, sino que también pone en juego la credibilidad del sistema judicial en Argentina.
