El Gobierno de Javier Milei se juega una semana decisiva en el Congreso: este jueves el Senado retomará el debate de la reforma de la Ley de Tierras, que busca flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros y modificar las normas de expropiación y desalojos. La iniciativa ya genera una fuerte resistencia en la oposición, que amenaza con movilizaciones y un paro nacional.
El oficialismo confía en conseguir la media sanción del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Sin embargo, el poroteo es ajustado y algunos aliados aún piden cambios en la redacción.
La UCR se aleja y complica los números
La conducción nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) busca que sus senadores rechacen la reforma, en defensa de la soberanía. Esta postura podría desequilibrar la aritmética parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), que ve peligrar la media sanción.
Advertencias desde las provincias
El senador riojano Fernando Rejal advirtió que la derogación de la Ley de Tierras Rurales afecta el dominio provincial sobre los recursos naturales y podría derivar en litigios internacionales, como ocurrió con el caso de Valle Hermoso, que dio origen a la norma de 2011. “La derogación de la Ley de Tierras Rurales afecta el dominio de las provincias por una cuestión de prelación: una ley nacional condiciona toda la legislación provincial”, denunció.
Paro y movilización en contra
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el lunes 3 de agosto, con movilización al Ministerio de Economía, en rechazo a la pérdida salarial, los despidos y la propia Ley de Tierras. El gremio que lidera Rodolfo Aguiar también cuestiona el desmantelamiento de organismos públicos.
El riesgo de la extranjerización
Un informe del Observatorio de Tierras reveló que ya hay 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. Especialistas advierten que la reforma impulsaría la suba del precio de la tierra, favorecería la concentración en el agro y ampliaría la presencia de capitales foráneos, con consecuencias para las comunidades indígenas y los productores familiares.
La iniciativa, que modifica un conjunto de normas sobre tierras rurales y desalojos urbanos, es considerada una de las transformaciones más profundas del régimen territorial de los últimos años.
