La renuncia de Manuel García-Mansilla, apenas 39 días después de asumir como juez de la Corte Suprema, expone las tensiones políticas y la falta de consenso en torno a la integración del máximo tribunal. Su salida deja a la Corte con solo tres jueces y reaviva el debate sobre la necesidad de una reforma judicial en Argentina.
La renuncia de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca un capítulo turbulento en la política argentina. Su salida, apenas 39 días después de asumir el cargo, refleja las tensiones entre el Poder Ejecutivo, el Senado y el Poder Judicial.
Nombrado por decreto presidencial, García-Mansilla enfrentó un rechazo contundente en el Senado, con 51 votos en contra y solo 20 a favor. Este rechazo no solo cuestionó la legitimidad de su designación, sino que también evidenció la falta de consenso político en torno a la integración de la Corte Suprema. Además, una medida cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla le prohibió firmar resoluciones, lo que limitó aún más su capacidad de acción.
En su carta de renuncia, dirigida al presidente Javier Milei, García-Mansilla expresó su frustración por las demoras en el Senado y la disfunción del Poder Judicial. Argumentó que su permanencia en el cargo obstaculizaría la resolución de la crisis institucional que enfrenta la Corte Suprema, actualmente operando con solo tres jueces.
Este episodio pone de manifiesto la urgencia de una reforma en la integración del máximo tribunal y la necesidad de un Poder Judicial fuerte e independiente. Sin embargo, también deja al descubierto las divisiones políticas que dificultan la implementación de soluciones efectivas. La renuncia de García-Mansilla debería servir como un llamado de atención para priorizar la justicia y la institucionalidad por encima de los intereses partidarios
