En el ajedrez político argentino, las provincias comienzan a mover sus piezas. Lo que hasta hace poco era un murmullo de reclamos aislados, hoy toma la forma de una advertencia coral. Desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo puso en palabras lo que muchos mandatarios del interior vienen susurrando: la Nación no podrá seguir adelante si insiste en gobernar de espaldas a quienes sostienen el país desde sus márgenes.
La disminución de la coparticipación, el freno en el consumo y la parálisis productiva están dejando marcas no solo en las arcas públicas, sino también en los tejidos sociales. Los gobernadores —con Jaldo a la cabeza— se preparan para llevar su planteo a la Casa Rosada: no se trata solo de reclamar fondos, sino de exigir un modelo de desarrollo que incluya a todos. Porque el ajuste, cuando es unidireccional, termina siendo exclusión.
El discurso de Jaldo no suena a amenaza, pero tampoco a resignación. Su llamado al diálogo no oculta el trasfondo: Tucumán no está dispuesto a quedar relegado en nombre de una eficiencia que castiga a los más vulnerables. “O nos va bien a todos, o nos va mal a todos”, soltó, consciente de que la suerte de las provincias está atada al proyecto nacional, y viceversa.
El interior no pide privilegios; pide equidad. En tiempos de crisis, la tentación de concentrar decisiones y ajustar desde el centro es alta. Pero la historia argentina ofrece una lección constante: sin las provincias, no hay Argentina posible. Y si el federalismo se transforma en un formalismo vacío, el conflicto será inevitable.
