El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tomó una decisión drástica al intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La medida responde a una crisis institucional que se desató tras la difusión de un audio que vincula a funcionarios municipales con presuntas actividades ilícitas.
Para restablecer el orden, el Gobierno provincial designó como interventor a Guillermo Norry, quien tendrá la tarea de reorganizar la administración municipal y garantizar la continuidad de los servicios públicos. Además, se convocó a elecciones municipales para el 26 de octubre, con el objetivo de devolver la normalidad institucional a través del voto popular.
La intervención se fundamenta en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que permite la intervención de gobiernos municipales en casos de grave desorden institucional, con un plazo máximo de 180 días. Sin embargo, la Legislatura provincial deberá ratificar la medida para que se convierta en ley.
El caso de Alberdi ha generado un fuerte debate sobre la relación entre la política y el crimen organizado. La filtración del audio que involucra al exintendente Luis Campos con presuntas actividades ilícitas llevó a una serie de allanamientos y operativos de seguridad en la ciudad. En la madrugada del lunes, efectivos de la Policía y Gendarmería allanaron los domicilios de Campos y de su secretario de Hacienda, José Roldán, además de tomar los edificios de la Intendencia y el Concejo Deliberante.
El interventor Norry ya comenzó a tomar medidas para reorganizar el municipio. En su primer acto administrativo, dejó sin efecto el organigrama del Ejecutivo municipal, como paso inicial para restablecer el orden institucional. Mientras tanto, la comunidad de Alberdi espera que las elecciones de octubre sean una oportunidad para recuperar la confianza en sus representantes.
La intervención es un recordatorio de que la política debe estar al servicio de la gente y no de intereses oscuros. ¿Será este el inicio de una nueva etapa para Alberdi o simplemente un capítulo más en la historia de la crisis institucional tucumana?
