En medio de un contexto de tensión institucional, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reafirmó su decisión de intervenir la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi y ordenó al interventor designado, Guillermo Norry, que entregue toda la documentación requerida por la justicia. La medida surge a raíz de investigaciones judiciales sobre presuntos vínculos de funcionarios municipales con redes de narcotráfico.
Jaldo destacó que el interventor asumió recientemente y enfrenta un desafío complejo. Para ello, se ha constituido un equipo de trabajo en áreas clave como Obras Públicas, Hacienda y Acción Social, con el respaldo de los ministerios provinciales. El objetivo inmediato es atender las necesidades de la población y garantizar el funcionamiento de los servicios básicos.
El mandatario aseguró que su gobierno será inflexible en todo lo relacionado con el narcotráfico y el narcomenudeo. “Queremos que la justicia actúe y condene a quienes estén vinculados a la comercialización de sustancias tóxicas. No hay lugar para la impunidad en Tucumán”, enfatizó. Además, subrayó la importancia de esperar el fallo de la justicia federal para esclarecer las responsabilidades individuales.
En cuanto al proceso electoral para elegir nuevas autoridades en Alberdi, Jaldo aclaró que la Constitución Provincial otorga 30 días para definir la fecha de los comicios y 120 días para su realización. Aunque existe la posibilidad de coordinar la votación con las elecciones nacionales, el foco prioritario, según el gobernador, es restablecer la institucionalidad y resolver los problemas urgentes de los vecinos.
Desde el Ministerio de Seguridad provincial, se informó que la situación en Alberdi se mantiene estable, con un refuerzo de efectivos policiales para garantizar el orden y prevenir delitos. A su vez, se han instalado equipos de investigación en la zona para recibir denuncias de la ciudadanía y reforzar la lucha contra el crimen organizado.
La intervención de Alberdi marca un punto de inflexión en la gestión de Jaldo, quien apuesta por una estrategia de tolerancia cero frente al delito y la corrupción. Mientras la justicia avanza en su investigación, el desafío del gobierno provincial es lograr una transición ordenada y garantizar el bienestar de la comunidad.
