La condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad dejó al descubierto un proceso judicial cargado de irregularidades y cuestionamientos. Lo que debería haber sido un juicio transparente y equitativo se convirtió en un espectáculo mediático donde la imparcialidad brilló por su ausencia.
Desde el inicio, la investigación estuvo marcada por una construcción narrativa que parecía más interesada en condenar mediáticamente que en esclarecer los hechos con pruebas contundentes. Las filtraciones constantes a la prensa, los tiempos acelerados del proceso y la falta de pruebas directas pusieron en duda la verdadera intención detrás del juicio. A esto se sumó la ausencia de una condena firme por asociación ilícita, dejando claro que la figura utilizada para sustentar el caso contra la ex presidenta no tenía un respaldo sólido.
El papel de ciertos sectores judiciales y políticos fue clave en la construcción de un escenario donde la culpabilidad de Cristina Kirchner se daba por sentada, antes incluso de que se expidiera la sentencia. Esta judicialización de la política no solo afecta a una persona en particular, sino que daña la credibilidad del sistema judicial argentino, erosionando la confianza ciudadana en la justicia.
Es imperativo reflexionar sobre el impacto que tiene este tipo de procesos en la institucionalidad democrática. Una justicia parcial, utilizada como herramienta para eliminar adversarios políticos, no es justicia: es persecución. En una república, los jueces deben guiarse por la ley y la evidencia, no por intereses sectoriales o presiones externas.
Si este fallo es verdaderamente un hito jurídico o un lamentable capítulo de la manipulación judicial es una pregunta que el tiempo y la sociedad deberán responder. Lo que es claro es que la justicia, lejos de dar certezas, ha dejado más dudas que nunca.
