El proyecto opositor que busca intervenir el municipio de Graneros quedó en manos de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde el oficialismo tiene mayoría y dos alternativas: dictaminar en contra o directamente no tratar la iniciativa.
La propuesta fue presentada por diez legisladores de distintos bloques opositores después de los incidentes ocurridos el sábado pasado durante una visita a Graneros de una comitiva de La Libertad Avanza (LLA) encabezada por el diputado Gerardo Huesen.
Los autores fundamentaron el pedido en una “grave crisis institucional e indicios de corrupción” en el municipio que conduce la intendenta peronista Raquel Graneros. También aludieron a “hostigamiento político” y al “quebrantamiento de la convivencia democrática”.
El proyecto lleva las firmas de José Macome (Compromiso con la Libertad), Claudio Viña y Walter Berarducci (Compromiso Tucumán), Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán), Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana), José Cano (Radicalismo Federal), Manuel Courel (Cambia Tucumán), José Seleme (Avanza Tucumán) y Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán).
Los legisladores pidieron a la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse (PJ), el “urgente tratamiento” del expediente. La próxima sesión especial ya tiene temario definido, por lo que los impulsores apuntan a que el proyecto se incluya en el orden del día de la sesión siguiente, prevista para el 8 de octubre.
Acevedo: “Un pedido de intervención me parece excesivo”
El vicegobernador Miguel Acevedo se refirió a la iniciativa luego del acto por el 214° aniversario de la Batalla de Tucumán y puso en duda que el planteo avance. “No sé si prosperará”, afirmó. Y sostuvo que “para proceder a una intervención tiene que haber fundamentos que así lo estipulen”.
“La comisión lo va a analizar. Y si deciden llevarlo al recinto, se lo hará; y si no lo decide, no se tratará”, resumió el presidente de la Legislatura.
Consultado específicamente sobre la propuesta opositora, Acevedo consideró que la medida sería desproporcionada. “Me parece que hay que poner cada cosa en su lugar. Un pedido de intervención me parece excesivo”, expresó.
El vicegobernador rechazó además cualquier manifestación de violencia, “de ninguna característica: ni verbal ni gestual”, y vinculó las tensiones locales con el clima político nacional.
“Debemos todos mirarnos a la cara y decir: ‘che, basta de violencia’. Una violencia que comenzó generándose desde el propio presidente (Javier Milei), a veces con muchos dichos, y eso genera en la sociedad un rencor y una división que no debería existir”, sostuvo.
Acevedo afirmó que, pese a las diferencias partidarias, los distintos espacios políticos buscan el desarrollo de la provincia y llamó a afrontar “con altura” las próximas disputas electorales.
“Todos queremos que Tucumán se desarrolle, que Tucumán crezca. Unos con unas herramientas; otros, con otras. Nosotros creemos que las nuestras son mejores. Pero donde se dirime esto es en las urnas”, señaló, y recordó que las elecciones provinciales están previstas para el 9 de mayo de 2027.
Las dos opciones que tiene el oficialismo
La comisión de Asuntos Constitucionales aparece como la instancia decisiva para determinar el futuro inmediato del proyecto. Según fuentes legislativas citadas en la información original, hasta el momento no se impartieron directivas desde la conducción de la Cámara respecto del expediente.
El PJ tiene una amplia mayoría en la comisión. Además de la presidencia ejercida por Carolina Vargas Aignasse, forman parte del cuerpo los justicialistas Gerónimo Vargas Aignasse, Tulio Caponio, Aldo Salomón y Tomás Cobos. También integra la comisión Rodolfo Ocaranza, del PJS. Por la oposición participa el radical Agustín Romano Norri.
Con esa composición, el oficialismo podría incluir el proyecto en una próxima reunión, votar en contra y emitir un dictamen de mayoría recomendando su rechazo. Con el aval posterior de Labor Parlamentaria, el expediente podría llegar al recinto, donde el PJ también cuenta con mayoría.
La segunda posibilidad es que la comisión directamente no incorpore el proyecto a su agenda. En ese escenario, la iniciativa no avanzaría hacia el recinto mientras no sea tratada.
Así, el futuro del planteo opositor dependerá inicialmente de la decisión que adopte la comisión que preside Vargas Aignasse.
