El Ministerio de Justicia de la Nación puso en marcha el “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”, una reforma que busca reducir la burocracia y los costos en los trámites de propiedad de vehículos. La medida fue oficializada mediante la Resolución 306/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.
La iniciativa se basa en los principios del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que impulsó la desregulación estatal. Según la normativa, el sistema actual es “obsoleto” por su excesiva dependencia del papel y la multiplicidad de formularios.
El plan se estructura en tres ejes: transformación tecnológica, evolución de las instituciones registrales y adecuación normativa. El objetivo es crear un “ecosistema registral digital, interoperable y centrado en el ciudadano”, según explicó el Gobierno.
Cambios concretos para los usuarios
Uno de los puntos más visibles es la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad de medida para los aranceles que reemplazará el actual esquema de más de 100 trámites con valores individuales. Cada MRPA se fijó en 0,5 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y se actualizará cada cuatro meses, lo que busca dar transparencia a los costos de transferencias e inscripciones.
Desafíos y puntos críticos
La reforma no está exenta de controversias. Uno de los principales focos de tensión es la reorganización de la red de registros seccionales: actualmente existen más de 1.500 oficinas en todo el país que enfrentarán una “reducción progresiva de la planta física”. Aunque se prevé mantener oficinas de asistencia presencial para personas sin acceso tecnológico, el cierre de sedes tradicionales genera dudas sobre la cobertura en zonas alejadas y el impacto laboral.
Otro punto conflictivo es el nuevo esquema de ingresos para los encargados de los registros. La Resolución 308/2026 establece que percibirán sus ingresos basados en el “remanente de la recaudación” tras descontar aranceles y costos operativos, lo que altera la ecuación económica de las oficinas actuales.
Además, la indexación de los trámites a la UVA introduce incertidumbre: al ajustarse por inflación, los aranceles perderán estabilidad en pesos, aunque el Gobierno defiende que garantiza la sostenibilidad del sistema.
El plan también enfrenta el desafío técnico de digitalizar el acervo documental histórico. Los legajos físicos deben pasar a repositorios digitales en un proceso que debe ser “gradual, ordenado y jurídicamente seguro” para evitar la pérdida de antecedentes críticos de propiedad. Finalmente, la celeridad de los plazos —con solo 30 días para presentar el cronograma de implementación— pone a prueba la capacidad de respuesta de la Dirección Nacional.
