La reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que creaba un fondo de 200 mil millones de pesos para la reconstrucción de Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo no solo tiene implicancias presupuestarias: tiene un enorme peso simbólico. A la par del rechazo, el gobierno destinó más de 2 billones para atender compromisos de deuda externa. ¿Prioridades?
La ley vetada, que había logrado consenso casi unánime en ambas cámaras, apuntaba a declarar la emergencia por seis meses, asistir con subsidios a los damnificados, impulsar créditos a tasas blandas mediante el Banco Nación y destinar recursos para obras de infraestructura que mitigaran futuros desastres. Sin embargo, el Ejecutivo consideró que la propuesta era innecesaria, apelando a la existencia de un fondo similar creado por decreto.
El contraste es contundente. Mientras Bahía Blanca intenta reconstruirse con paliativos, el gobierno acelera pagos internacionales con la lógica de dar señales a los mercados. Técnicamente, se alega que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento, argumento válido en términos legales, pero discutible cuando se trata de emergencias sociales de esta magnitud.
El mensaje implícito es claro: en la Argentina de Milei, las urgencias sociales deben esperar turno, incluso si eso implica patear una ciudad devastada por una catástrofe natural. Y en esa ecuación, la ciudadanía queda como daño colateral de una macroeconomía que mide su éxito en puntos de riesgo país, no en hogares reconstruidos.
Lo sucedido no es solo un punto más en la hoja de ruta legislativa. Es una declaración de principios. Una que, como tantas veces en la historia argentina, deja a los más vulnerables fuera del presupuesto pero bien dentro de la estadística.
