Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos, presentó un listado con 25 causas derivadas del caso que permanecen paralizadas y al borde de la prescripción. El documento reúne expedientes originados en la sentencia del 25 de febrero de 2019 de la Sala Penal III, que condenó a exintegrantes de la Secretaría de Seguridad y a la cúpula policial de Tucumán.
En aquel fallo, los jueces Carlos Caramutti, Rafael Macorito y Dante Ibáñez ordenaron investigar a más de 40 personas por posibles delitos como encubrimiento, falso testimonio, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Lebbos sostiene que esas remisiones dieron origen a 25 legajos sin actividad procesal conocida o sobre los cuales no recibió información de avances. La nómina incluye a exfuncionarios de la gestión del exgobernador José Jorge Alperovich, policías, peritos y testigos que declararon en el juicio oral.
Las investigaciones señaladas
Una de las causas mencionadas comprende al propio Alperovich; al exministro Mario López Herrera; al exsubsecretario de Seguridad Eduardo Oscar Di Lella; al funcionario José Gerardo Ardiles; al exjefe de Policía Hugo Sánchez; al exsubjefe Luis Nicolás Barrera, y al exjefe de la Regional Norte Rubén Héctor Brito. En ese mismo legajo figuran Heberto Arturo Cortez, José Eduardo Díaz, Margarita de Fátima Gómez, Néstor Hugo Juárez, Jorge Herminio Racedo, Luis Antonio Santana y Héctor René Sosa.
El inventario también reúne causas por presunto falso testimonio contra Ernesto Bernabé Fierro, Fernando Rodolfo Maruf, Ramón Marcelo Fernández, Daniel Alejandro Díaz, Raúl Antonio Ferreyra, Gustavo Alberto Herrera, Guillermo Polli, Jimena Fabiana Mercado, José Alejandro Aramayo, Macarena del Valle Bordato y Jorge Hernán Jiménez.
Por posible encubrimiento aparecen investigaciones contra Juan Pedro Cruzado, Lilia Amelia Moyano y Héctor Gustavo González. Lebbos incluyó además actuaciones abiertas contra exinvestigadores de la causa principal por presunto encubrimiento, falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Entre los expedientes señalados está el atribuido a Jorge Marcelo Mazuy y la causa contra Vicente Francisco Picón. También figura la investigación por amenazas coactivas e instigación a cometer delitos contra Enrique Eduardo Andrada Barone y otras personas. La nómina comprende las causas unificadas contra Fernando Vázquez Carranza y Luis Roberto Gómez junto con Ernesto Juan Atim, por presunto encubrimiento y falso testimonio.
El documento menciona actuaciones de oficio contra Jorge Hernán Jiménez y Víctor César Soto, expareja de Paulina. Además, se incluye el histórico legajo 6075/2006, que abarca posibles delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio (artículo 79 del Código Penal), encubrimiento, abuso de autoridad, falsedad ideológica y amenazas. En ese legajo están comprendidos Luis Nicolás Barrera, Rubén Héctor Brito, Eduardo Oscar Di Lella, Luis Roberto Gómez, una persona de apellido Rodríguez, Hugo Sánchez, Jorge Acevedo, Javier Acevedo, Julio Fabián Acevedo y una persona de apellido González.
Estas investigaciones surgieron del juicio en el que Di Lella, Sánchez, Barrera y Brito fueron condenados por encubrir el homicidio de Paulina, cometido el 26 de febrero de 2006.
Reclamo al Ministerio Público Fiscal
La absolución de Virginia Nazarena Mercado reavivó el reclamo de la familia y su cuestionamiento a la respuesta institucional posterior a la sentencia. Para Lebbos, la falta de actividad en los expedientes impide avanzar sobre las responsabilidades que los jueces ordenaron investigar.
La denuncia pública busca que el Ministerio Público Fiscal informe el estado procesal de cada legajo y adopte medidas antes de que se cumplan los plazos legales. Hasta el momento, el informe difundido no consigna una respuesta oficial del organismo sobre la situación particular de las 25 causas.
