La pulseada por la reelección de Osvaldo Jaldo ya tiene un escenario nacional: la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El partido Cambia Tucumán, que lidera el diputado nacional Mariano Campero, presentó una acción para que el máximo tribunal declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 90 de la Constitución provincial, el artículo que habilitaría al gobernador a competir por un segundo mandato consecutivo en 2027.
La acción fue impulsada por el legislador Manuel Courel y contó con el respaldo de los apoderados del PRO, Fuerza Republicana y CREO. El planteo se concentra en el apartado que permite sumar cuatro períodos consecutivos entre los cargos de vicegobernador y gobernador. Para la oposición, esa suma podría derivar en una permanencia de hasta 16 años seguidos en los dos puestos más altos del Ejecutivo provincial, algo que consideran reñido con los principios republicanos de la Constitución Nacional.
Qué dice el artículo 90 que está en discusión
El texto constitucional tucumano, sancionado en 2006, fija en cuatro años la duración de los mandatos de gobernador y vicegobernador y habilita una reelección consecutiva. Además, contempla de manera expresa que quien haya completado dos mandatos seguidos como vicegobernador pueda después ser elegido gobernador y acceder a una reelección en ese cargo.
El recorrido de Jaldo ilustra esa secuencia: fue vicegobernador en los períodos 2015-2019 y 2019-2023, y en 2023 asumió la Gobernación. La oposición sostiene que esa alternancia permite estirar la permanencia personal en los principales cargos de poder durante cuatro mandatos consecutivos.
El argumento de Campero: “cambiar de cargo para quedarse 16 años”
Campero se puso al frente del respaldo político a la presentación de Courel y planteó que la discusión trasciende el caso puntual de Jaldo. Según su mirada, lo que se busca es fijar un límite constitucional a la permanencia prolongada de una misma persona en los cargos de mayor jerarquía provincial.
“En Tucumán, una persona puede ser vicegobernador durante ocho años y gobernador durante ocho años. Es decir, puede cambiar de cargo para quedarse 16 años seguidos en la cima del poder. Pero democracia y republicanismo no es solo votar. Es renovar”, afirmó el diputado nacional.
El legislador explicó que el objetivo es obtener una definición judicial antes de los comicios de 2027. “Por eso, le pedimos a la Corte Suprema que defina antes de 2027 si esta forma de acumular mandatos respeta la Constitución Nacional”, expresó. Desde Cambia Tucumán aclararon que no pretenden declarar inconstitucional todo el régimen electoral provincial, sino cuestionar específicamente la posibilidad de acumular cuatro mandatos consecutivos mediante el paso de la Vicegobernación a la Gobernación.
Los cuatro ejes que sostiene la oposición
La presentación se apoya en cuatro principios republicanos que, a juicio de los impulsores, quedarían afectados por una permanencia prolongada en el poder:
Periodicidad y renovación efectiva: los límites a los mandatos deben garantizar una renovación real de las autoridades y no solo la celebración de elecciones cada cuatro años.
Limitación y división del poder: una permanencia extendida puede concentrar influencia sobre otros poderes del Estado y sobre los organismos de control.
Igualdad en la competencia electoral: el ejercicio continuado de cargos de gobierno puede otorgar ventajas institucionales frente a otros candidatos.
Alternancia real: el cambio entre la Gobernación y la Vicegobernación no debería permitir reiniciar sucesivamente el cómputo de los mandatos.
Los demandantes argumentaron que gobernador y vicegobernador no son cargos completamente independientes, ya que integran una misma fórmula electoral y participan de distintas decisiones institucionales. Por eso, consideran que cambiar de función no implica necesariamente abandonar el centro del poder político provincial.
Los antecedentes que citó Cambia Tucumán
Para fundamentar el planteo, los opositores mencionaron fallos de la Corte Suprema vinculados con regímenes de reelección en distintas provincias: Río Negro en 2019, San Juan en 2023 y Formosa en 2024. Según su interpretación, esos antecedentes refuerzan la necesidad de poner límites a la continuidad personal en los cargos de mayor jerarquía institucional.
El espacio también hizo referencia al caso de Juan Manzur, cuya candidatura a vicegobernador en 2023 fue objeto de una controversia judicial después de haber ejercido dos mandatos como vicegobernador y otros dos como gobernador. En concreto, la presentación pide que la Corte determine si el artículo 90 puede aplicarse para permitir cuatro períodos consecutivos entre ambos cargos y que impida usar la alternancia entre ellos como mecanismo para prolongar indefinidamente la permanencia en el poder.
La respuesta de Jaldo: “cumplir con la letra de la Constitución”
El gobernador rechazó los cuestionamientos durante una rueda de prensa y defendió la vigencia de la Constitución tucumana. Sostuvo que el artículo 90 establece con claridad las condiciones para la reelección de gobernadores y vicegobernadores y que no existen ambigüedades que justifiquen modificar su interpretación.
“Lo único que hay que hacer es cumplir con la letra de la Constitución provincial. Y así lo han venido haciendo los vicegobernadores y los gobernadores que han pasado estos últimos cinco períodos”, manifestó.
Jaldo también señaló que las disposiciones sobre mandatos y reelecciones alcanzan a otros cargos electivos de Tucumán, como intendentes, concejales, legisladores y comisionados comunales. En ese sentido, rechazó que el régimen previsto para gobernador y vicegobernador constituya un privilegio particular.
Uno de sus principales argumentos fue que la Gobernación y la Vicegobernación tienen funciones institucionales diferentes. “El vicegobernador ha sido elegido para conducir uno de los poderes del Estado”, sostuvo, al recordar que preside la Legislatura provincial, mientras que el gobernador está al frente del Poder Ejecutivo. Consideró que esa distinción debe tenerse en cuenta al interpretar el artículo 90 y cuestionó los fundamentos jurídicos de la presentación. Aun así, aseguró que aceptará la resolución de los tribunales competentes.
“Como hombre de la democracia, estamos sujetos a las decisiones de la Justicia federal, de la Justicia provincial o de donde corresponda analizar este planteo”, afirmó.
La sospecha de una maniobra política
Más allá de los argumentos constitucionales, Jaldo atribuyó una motivación política a la presentación de Cambia Tucumán. Según su interpretación, la oposición busca impedir que participe en las elecciones provinciales previstas para el 9 de mayo de 2027.
“Se quiere sacar de la cancha a un candidato. Si bien se ataca el artículo 90, va dirigido a una sola persona”, sostuvo. También respondió a las declaraciones de Campero, quien había cuestionado su situación jurídica: “Él manifiesta que el gobernador está flojo de papeles. Yo, con mucho respeto, les digo que ellos están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo”.
El mandatario insistió en que considera constitucionalmente habilitada una eventual candidatura y reiteró que acatará cualquier decisión judicial sobre el tema.
La Fiscalía de Estado defenderá el artículo 90
La fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone de Valls, anticipó que la Provincia defenderá la vigencia de su Constitución. Sostuvo que el artículo 90 establece con claridad las condiciones para la reelección y consideró que Jaldo cuenta con respaldo constitucional para presentarse nuevamente.
“El texto constitucional tiene todas las certezas que le permiten al gobernador sentirse habilitado para presentarse y ganar la próxima elección”, afirmó.
Pedicone cuestionó además que los opositores hayan acudido directamente a la Corte Suprema sin transitar antes las instancias judiciales provinciales. Según explicó, la demanda presenta, a su entender, objeciones formales y argumentales que deberán analizarse antes de avanzar con el tratamiento de fondo. La funcionaria aclaró que el expediente acaba de ingresar y que todavía deben evaluarse cuestiones relacionadas con su admisibilidad.
“Desde la Fiscalía de Estado me voy a encargar personalmente de defender a Tucumán, su Constitución y sus autoridades”, aseguró.
Qué puede pasar con la candidatura de Jaldo en 2027
La presentación de Cambia Tucumán abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites a la reelección en Tucumán. Por un lado, la oposición busca que la Corte Suprema determine si la acumulación de cuatro mandatos consecutivos entre la Vicegobernación y la Gobernación resulta compatible con los principios republicanos de la Constitución Nacional. Por otro, el Gobierno provincial sostiene que el artículo 90 está vigente, que su redacción permite una nueva candidatura de Jaldo y que la oposición intenta trasladar a la Justicia una disputa electoral.
Por el momento no existe una resolución judicial sobre el fondo de la demanda. La posibilidad de que el máximo tribunal intervenga dependerá, en primer término, del análisis de las cuestiones procesales. Mientras tanto, la eventual candidatura de Osvaldo Jaldo para las elecciones provinciales de 2027 sigue en el centro del debate político y constitucional tucumano.
