El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta condenó a seis integrantes de una banda que intentó trasladar más de 23 kilos de marihuana desde Salta hacia Tucumán. Las penas fueron dictadas por las juezas Gabriela Catalano, Marta Liliana Snopek y Alejandra Cataldi, quienes acreditaron la responsabilidad de los acusados en la operación interceptada en septiembre de 2024.
La condena más alta recayó sobre Alejo Ricardo Silva, señalado como el organizador de la maniobra, quien deberá cumplir siete años de prisión. Emilio Alejandro Tapia recibió seis años y seis meses, mientras que Luciano Cancino y Mara Antonella Di Bez fueron sentenciados a seis años cada uno. En el caso de Di Bez, el tribunal dispuso que la pena se cumpla bajo arresto domiciliario.
Luis Benjamín Vicente, en tanto, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional. Las magistradas consideraron que su participación fue secundaria dentro de la estructura. A estas sentencias se sumó la de Enzo Javier Gutiérrez, quien en abril de 2025 había recibido cuatro años de prisión domiciliaria mediante un acuerdo pleno.
El operativo que desbarató el traslado
El caso se originó en la madrugada del 14 de septiembre de 2024, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron dos automóviles Renault Logan que circulaban por la Ruta Nacional 68, a unos ocho kilómetros de Cafayate. Eran cerca de las 5.30 cuando los vehículos llegaron al puesto de control y los gendarmes detectaron circunstancias que despertaron sospechas sobre una maniobra coordinada.
Uno de los autos avanzaba adelante y cumplía la función de advertir sobre la presencia de controles policiales. En ese vehículo viajaban Silva, quien conducía, junto con Tapia, Cancino y Vicente. Detrás circulaba otro Renault Logan, alquilado por Gutiérrez, en el que viajaba su pareja, Di Bez, y donde se encontraba oculto el cargamento.
Durante la inspección, los efectivos descubrieron más de 23 kilos de marihuana distribuidos en paquetes dentro de una bolsa de arpillera. También hallaron equipos portátiles de comunicación en ambos vehículos, utilizados para mantener contacto durante el recorrido. La investigación estableció que el automóvil que encabezaba la marcha funcionaba como coche puntero, una modalidad empleada por organizaciones narcotraficantes para anticiparse a los controles y proteger el traslado de los cargamentos.
La fuga y detención de Silva
El procedimiento tuvo un episodio particular cuando Silva logró escapar del lugar después del descubrimiento de la droga y se internó en una zona de monte. El acusado permaneció prófugo durante casi once meses y fue detenido recién el 6 de agosto de 2025, después de regresar de Brasil, país donde, según la Fiscalía, había permanecido oculto durante buena parte de ese período.
Las tareas investigativas permitieron reconstruir la planificación del transporte y las responsabilidades de cada integrante. Según la acusación, Silva encabezaba la estructura y había llegado a empeñar un automóvil de su propiedad para reunir el dinero necesario para adquirir la marihuana. Tapia, por su parte, facilitó un vehículo perteneciente a su madre para utilizarlo como unidad de avanzada, y el tribunal ordenó posteriormente el decomiso de ese automóvil a pedido del Ministerio Público Fiscal.
La investigación también atribuyó a Cancino y Di Bez una intervención activa en la preparación del traslado, mientras que Vicente habría desempeñado funciones de menor importancia. Los acusados residían en el barrio Santa Ana de la ciudad de Salta y, de acuerdo con la reconstrucción fiscal, esperaban obtener beneficios económicos mediante la comercialización de la droga.
Los representantes del Ministerio Público sostuvieron además que la organización había comenzado a establecer contactos con otras estructuras dedicadas al narcotráfico en la región, por lo que el transporte interceptado no necesariamente constituía una actividad aislada. Durante el proceso, uno de los involucrados reconoció que el cargamento pertenecía al conjunto de los participantes, una manifestación que fue considerada por la acusación para respaldar la existencia de un acuerdo previo.
Las defensas intentaron desvincular a sus representados del transporte y sostuvieron que algunos desconocían la presencia de marihuana en el segundo automóvil. Sin embargo, las magistradas consideraron que las pruebas reunidas durante el debate permitían acreditar la participación de los acusados en la operación.
La ruta hacia Tucumán bajo vigilancia
El destino final del cargamento era Tucumán, circunstancia que volvió a poner bajo observación los corredores alternativos utilizados para transportar estupefacientes entre ambas provincias. Una de las rutas que despierta preocupación entre los investigadores atraviesa los Valles Calchaquíes y conecta Cafayate con la Ruta Nacional 40, para luego bordear el valle de Santa María e ingresar a Tucumán mediante la Ruta Provincial 307. Desde allí, el recorrido continúa por Tafí del Valle hasta descender hacia las zonas más pobladas de la provincia.
Las características geográficas de este corredor, con extensos tramos montañosos y caminos de circulación limitada, lo convierten en una alternativa para las organizaciones que buscan evitar los controles instalados sobre las principales rutas nacionales. En ese contexto, la utilización de vehículos de avanzada y equipos de comunicación constituye una estrategia destinada a reducir el riesgo de que los cargamentos sean descubiertos.
Rechazo al pedido de reducción de pena
Otro de los puntos analizados durante el juicio fue el pedido de reducción de pena formulado por uno de los acusados, quien sostuvo que había colaborado con la investigación al proporcionar información sobre una persona presuntamente vinculada con el narcotráfico en el barrio Santa Ana. Para respaldar esa solicitud, su defensa presentó las declaraciones de dos investigadores de la Policía de Salta.
Los efectivos confirmaron que el individuo señalado ya era conocido en el sector, pero aclararon que las averiguaciones realizadas a partir de esa información no habían permitido obtener resultados positivos. La Fiscalía se opuso a la reducción de la condena al considerar que los datos aportados no habían resultado eficaces para avanzar en el esclarecimiento de nuevos delitos. El tribunal coincidió con esa postura y rechazó el planteo por unanimidad.
Las juezas establecieron que el beneficio previsto para los imputados colaboradores requiere información concreta, verificable y capaz de aportar resultados relevantes a una investigación. En consecuencia, consideraron que no resultaba suficiente proporcionar referencias generales sobre personas que ya eran conocidas por las fuerzas de seguridad.
Con las seis condenas dictadas, la Justicia Federal dio por acreditada la responsabilidad de los integrantes de la organización en el transporte de los más de 23 kilos de marihuana interceptados cerca de Cafayate. El caso también expuso la utilización de rutas alternativas y vehículos coordinados para movilizar estupefacientes hacia Tucumán, una modalidad que continúa siendo objeto de vigilancia por parte de las fuerzas federales en los corredores que conectan ambas provincias.
