La Justicia Federal de Tucumán dejó sin efecto el arresto domiciliario que había concedido a Javier “Chuky” Casanova, señalado como uno de los principales referentes del narcotráfico en la provincia. La decisión llegó después de que un juez de Jujuy lo procesara por el presunto transporte de 50 kilos de cocaína.
El giro judicial se produjo en cuestión de días: Casanova pasó de estar a la espera de una tobillera electrónica para cumplir prisión preventiva en su casa a quedar a la espera de un cupo en una cárcel federal. El juez federal tucumano José Manuel Díaz Vélez consideró que la nueva imputación incrementaba el riesgo procesal y revocó el beneficio, con el respaldo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
Un expediente con idas y vueltas
La causa contra Casanova comenzó el año pasado, cuando el fiscal de Narcomenudeo José Sanjuán impulsó su procesamiento por comercialización de estupefacientes. Al detectar indicios de que estaría involucrado en operaciones de tráfico de mayor escala, Sanjuán declinó la competencia y el caso pasó al fuero federal.
Ya en la Justicia Federal, Vehils Ruiz promovió el procesamiento por narcotráfico y lavado de activos. Díaz Vélez lo procesó por infracción a la Ley de Estupefacientes, aunque dictó la falta de mérito en cuanto al lavado. Esa resolución fue apelada por la defensa y sigue pendiente de revisión en la Cámara Federal.
El acuerdo que no se concretó
A fines de julio, Casanova firmó un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal: reconoció que la droga le pertenecía y aceptó una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, una pena inusual en estos casos. También se comprometió a donar dos millones de pesos a un hospital público y aceptó el decomiso de bienes valuados en más de 150.000 dólares, entre ellos una camioneta Ford Raptor, dos motocicletas de alta gama y otro vehículo.
Sin embargo, el convenio sigue sin resolución porque Díaz Vélez todavía no envió el expediente al Tribunal Oral Federal, que deberá homologarlo o rechazarlo una vez que la Cámara resuelva la apelación.
El episodio que encendió las alarmas
Mientras se definía su situación, los abogados de Casanova pidieron la libertad, pero el fiscal se opuso y propuso el arresto domiciliario. El juez aceptó, aunque condicionado a la colocación de una tobillera electrónica. En ese lapso, un hecho inusual generó sospechas: personal del Servicio Penitenciario solicitó autorización para trasladarlo al Hospital Avellaneda por un problema prostático, pero el pedido se presentó ante la Justicia provincial y no ante la federal, que era la competente.
La jueza Ana María Iácono firmó la autorización, pero Díaz Vélez detectó la irregularidad y anuló el traslado. Para los investigadores, este episodio reforzó la hipótesis de una posible fuga, sobre todo porque Casanova sabía que existía una investigación en Jujuy por los 50 kilos de cocaína y que desde el 1 de abril pesaba sobre él un pedido de detención mantenido en reserva.
Prisión preventiva y posible traslado
El viernes pasado, un juez federal de Jujuy ordenó la prisión preventiva de Casanova por 30 días en esa causa, lo que llevó a Díaz Vélez a revocar el arresto domiciliario. El juez jujeño también dispuso su alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Aunque no se informaron los fundamentos, trascendió que el intento de traslado irregular al hospital y una salida de unas 12 horas que el imputado habría tenido el año pasado alimentaron las sospechas de beneficios indebidos dentro del sistema penitenciario.
Ante la falta de cupos en las cárceles federales del NOA, las autoridades analizan trasladarlo a un penal de la provincia de Buenos Aires, donde permanecería detenido mientras avanzan las causas en su contra.
