Cuatro tucumanos acusados de lavar más de US$14 millones para el Comando Vermelho negaron los cargos y continuarán detenidos mientras la justicia federal evalúa su situación procesal.
Mauricio Alejandro Córdoba, Francisco Alejandro Aragón y sus respectivas madres, Elisa Torres Toledo y Alejandra Agüero, declararon ante el juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien deberá decidir si los procesa, dicta su falta de mérito o los sobresee.
La investigación comenzó hace casi cuatro años, cuando la Unidad de Información Financiera detectó movimientos sospechosos entre personas radicadas en distintos puntos del país. El reporte fue analizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que identificó operaciones destinadas a insertar fondos ilegales en el sistema financiero.
El rol del presunto organizador
Según la hipótesis fiscal, el brasileño Marcelo Clayton Alves de Sousa, señalado como responsable financiero de la estructura, se instaló en Argentina para lavar dinero obtenido por el Comando Vermelho mediante narcotráfico, tráfico de armas, secuestros extorsivos y otros delitos. Alves de Sousa permanece prófugo.
Los investigadores sostienen que en diciembre de 2022 creó un grupo de WhatsApp llamado “Cuenta Arg verificados”. Desde allí, bajo el alias “Sakamoto”, habría dado instrucciones a personas reclutadas para operar con activos virtuales. La estructura habría movilizado unos US$500 millones en compra y venta de criptomonedas.
La maniobra local
La Fiscalía, a cargo del fiscal federal Agustín Chit, abrió una causa paralela y concluyó que los cuatro tucumanos participaron en la estructura local. Entre marzo de 2021 y marzo de 2023 habrían introducido en el circuito financiero más de US$14 millones presuntamente vinculados al Comando Vermelho.
Córdoba y Aragón habrían recibido criptomonedas de billeteras controladas por la organización brasileña y actuado como operadores técnicos. La maniobra consistía en vender esos activos a terceros, quienes depositaban pesos en cuentas bancarias o billeteras virtuales administradas por los imputados. Luego, el dinero era fraccionado y redistribuido.
Para concretar las operaciones se usaron plataformas de intercambio de criptoactivos, billeteras digitales y cuentas bancarias a nombre de los investigados o de terceros vinculados. La acusación sostiene que la organización funcionaba de manera estable y coordinada para ocultar el origen de los fondos.
En el caso de Torres Toledo y Agüero, la Fiscalía afirma que habrían prestado sus nombres para abrir cuentas utilizadas en la operatoria. Personas allegadas a ambas aseguraron que desconocían esos movimientos financieros.
Medidas cautelares y allanamientos
En febrero, Chit solicitó medidas cautelares sobre los bienes identificados. El juez Díaz Vélez ordenó congelar US$208.693, depositados judicialmente en una cuenta especial del Banco Nación. También dispuso restricciones sobre ocho participaciones societarias (siete en el extranjero), cuatro vehículos, unos 50 productos bancarios y 10 inmuebles, varios fuera del país.
Tras reunir nuevos indicios, el fiscal pidió allanamientos que fueron ejecutados por la División Antilavado de la Policía Federal. Tres de los acusados fueron detenidos durante los procedimientos; el cuarto se presentó espontáneamente al conocer la orden de captura. Los agentes secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que serán analizados.
Durante las indagatorias, los cuatro imputados rechazaron haber conocido el origen criminal de los fondos. Reconocieron que realizaban transacciones con criptomonedas, pero negaron haber actuado deliberadamente para el Comando Vermelho. Ahora, la decisión del juez definirá el futuro de la causa.
