El reciente traslado de Roque Cayetano “Chipi” Giménez al penal de Benjamín Paz no solo representa un hecho judicial más dentro del calendario tucumano: marca un mensaje claro por parte de las autoridades ante delitos que buscan alterar la paz social mediante el miedo y la desinformación. Giménez fue arrestado el pasado 12 de junio, y tras una audiencia en la que se le imputaron cargos vinculados a intimidación pública y atentado contra el orden institucional, la Justicia ordenó una prisión preventiva de seis meses.
Más allá del operativo policial y la logística del traslado, lo relevante del caso está en su contexto. Giménez enfrenta procesos tanto a nivel provincial como federal, a raíz de audios virales que, según las autoridades, instaban al temor colectivo y daban cuenta de posibles hechos delictivos. La investigación, llevada adelante por la Policía de Tucumán y autorizada por la fiscal Mónica García de Targa, derivó en allanamientos y secuestros de elementos clave. La repercusión social de estos audios motivó una respuesta judicial rápida, buscando no solo esclarecer los hechos, sino evitar que este tipo de mensajes proliferen sin consecuencias.
Este caso invita a una reflexión mayor: en una era donde un simple audio puede viralizarse en minutos, el rol de la Justicia y las fuerzas de seguridad cobra un protagonismo renovado. La respuesta institucional tiene que equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de preservar el orden y la tranquilidad pública. En ese delicado equilibrio, Tucumán parece haber dado un paso firme.
