Dos abogados fueron denunciados por desapoderar de sus bienes a una joven de 21 años que había sido víctima de abuso sexual, a quien representaban legalmente. La causa se tramita bajo estricta reserva de identidad para evitar su revictimización.
El expediente está caratulado como “Aydar Alfredo y otro s/ estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada” (Legajo N° S-043913/2026) y está a cargo del fiscal Carlos Saltor, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4.
Alfredo Aydar ganó notoriedad nacional como querellante principal en la megacausa “Adhemar Bacchiani s/ estafa”, vinculada a un esquema Ponzi con criptomonedas, donde representó a cientos de damnificados.
La maniobra denunciada
Según la investigación, la víctima obtuvo una reparación integral en la causa penal “Coronel José Luis s/ abuso sexual”, que incluía una camioneta Ford Ranger 4×4 modelo 2023 valuada en unos 50 millones de pesos. Meses después, el vehículo fue vendido por 33,5 millones de pesos a Gastón Gatti, allegado de Alfredo Aydar. Allí habría comenzado la presunta maniobra para quedarse con el dinero.
La denunciante relató que Aydar le aseguró que el sistema financiero no era seguro y que “podía volver el corralito”, desaconsejándole depositar los fondos en un banco. También le advirtió que corría riesgo de sufrir robos o presiones del entorno del abusador por residir en Villa Amalia.
“Estas afirmaciones no constituyeron simples consejos profesionales, sino un mecanismo para infundir temor, generar dependencia y convencerla de entregar el control absoluto de su patrimonio a los hermanos Aydar”, detalla la presentación judicial.
Préstamos sin respaldo y honorarios abusivos
La causa incorpora audios y chats donde Aydar reconoce haber colocado el dinero de la joven en préstamos a terceros en Santiago del Estero, con un interés mensual del 2,5%. Sin embargo, la auditoría preliminar reveló que no existen nombres de tomadores, domicilios, garantías ni contratos que respalden esas operaciones, todo sin autorización escrita de la víctima.
Además, los abogados habrían justificado la retención de sumas millonarias argumentando la presentación de más de 100 escritos judiciales, pretendiendo cobrar 650.000 pesos por cada uno, sin que existiera convenio de honorarios ni rendición de cuentas.
Fuentes judiciales indicaron que la Justicia Federal podría investigar en paralelo un posible delito de intermediación financiera no autorizada, al afectar el orden económico nacional.
Perspectiva de género y allanamientos
La causa se tramita bajo perspectiva de género debido a la asimetría de poder. La víctima tiene 21 años, carece de conocimientos jurídicos, está desempleada y es madre de un bebé de dos meses. El dinero de la indemnización era su único sustento.
La jueza Cintia Rocha autorizó allanamientos en un estudio jurídico y un domicilio particular, donde se secuestraron teléfonos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación que ya es peritada para reconstruir la ruta del dinero.
