“El caso Vicentin no solo destapa irregularidades financieras y condena a sus exdirectivos, sino que también revive el vínculo entre la empresa y capítulos oscuros de nuestra historia, desde su complicidad con la dictadura militar hasta los millonarios créditos impagos otorgados durante el gobierno de Mauricio Macri. Una historia de corrupción que exige memoria, justicia y transparencia.”
La reciente detención y condena de exdirectivos de Vicentin no solo expone una gestión empresarial plagada de irregularidades, sino que también reabre viejas heridas de la historia argentina. Esta empresa, que alguna vez fue un emblema del sector agroexportador, ha estado vinculada tanto a la represión durante la última dictadura militar como a maniobras financieras cuestionables en tiempos más recientes.
Entre los detenidos se encuentran figuras clave en la dirección de la empresa: Daniel Buyatti, expresidente de Vicentin; Roberto Gazze, exgerente de Administración y Finanzas; Omar Scarel, también expresidente; y Alberto Julián Macua, contador público. Estos exdirectivos enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, delitos que habrían sido cometidos durante y después del colapso financiero de la empresa en 2019. Según las investigaciones, estas maniobras incluyeron el desvío de fondos de la compañía para gastos personales y la creación de estructuras financieras destinadas a ocultar activos.
El fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos, lideró la investigación que culminó en la detención de estos directivos. Narvaja y su equipo sostienen que los acusados formaron parte de una organización criminal que llevó a cabo 43 estafas y múltiples actos de administración fraudulenta. Entre las pruebas presentadas se encuentran transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero y la creación de empresas a nombre de familiares para encubrir el patrimonio obtenido ilícitamente.
Este caso no es solo un escándalo empresarial; es un espejo de las fallas estructurales en la relación entre el sector privado y el Estado. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Vicentin recibió créditos millonarios del Banco Nación, acumulando una deuda de más de 18.500 millones de pesos que nunca fue saldada. Estas operaciones, que beneficiaron a una compañía ya en crisis, han sido objeto de investigaciones judiciales por presunta defraudación al Estado y lavado de dinero.
Además, el historial de Vicentin durante la dictadura militar añade una dimensión histórica a este caso. Testimonios e investigaciones han señalado su complicidad en la desaparición de trabajadores y delegados sindicales, quienes fueron entregados a las fuerzas represivas por la propia empresa. Este capítulo oscuro no solo mancha su legado, sino que también subraya la connivencia entre ciertos sectores empresariales y el aparato represivo de la dictadura.
En un contexto donde la confianza en las instituciones es un recurso escaso, el caso Vicentin nos recuerda la importancia de la memoria histórica y la transparencia en la gestión pública. Porque solo enfrentando nuestro pasado y exigiendo responsabilidad en el presente podremos construir un futuro más justo y equitativo.
