La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejó firme la condena a 13 años de prisión para Ema Gómez, quien ya cumplió la pena y quedó en libertad en las últimas horas. La mujer había sido condenada a perpetua en 2015 por el homicidio del juez Aráoz, pero el máximo tribunal nacional ordenó revisar el caso.
El crimen ocurrió el 26 de noviembre de 2004 en Yerba Buena, cuando el magistrado fue asesinado de diez disparos. Desde el inicio, la investigación apuntó a Gómez y al ex policía Alejandro Darío Pérez, señalado como autor material. Pérez estuvo prófugo hasta principios de 2025.
Un largo derrotero judicial
En 2011, Gómez fue condenada a 13 años como partícipe de homicidio simple. Pero años después, la Corte provincial modificó la calificación a homicidio con ensañamiento, elevando la pena a perpetua en 2015. La defensa de Gómez, a cargo del defensor oficial Guillermo González, recurrió hasta la Corte Suprema de la Nación, que el 7 de mayo de 2026 ordenó una revisión integral.
El nuevo fallo, redactado por el vocal Daniel Leiva y adherido por los jueces Eleonora Rodríguez Campos y Patricio Agustín Prado, descartó el agravante de ensañamiento. Leiva sostuvo que no hubo intención deliberada de causar sufrimiento extraordinario, sino una secuencia de disparos prácticamente inmediata, propia de un arrebato emocional en el marco de un conflicto sentimental.
Los jueces también consideraron que los primeros disparos pudieron ocurrir durante un forcejeo entre Aráoz y Gómez, lo que explicaría que no se apuntara directamente al torso. Los testimonios vecinales confirmaron la rapidez de los hechos.
Al descartar el ensañamiento en Pérez, la Corte extendió la misma conclusión a Gómez, ya que la responsabilidad del partícipe depende de la figura del autor principal. Así, restableció la condena original de 13 años, que Gómez ya había cumplido, ordenando su inmediata libertad.
La resolución también declaró a Rodolfo Reinaldo Domínguez autor de encubrimiento, y remitió el expediente para que se determine su pena. Además, el fallo podría beneficiar a Pérez, cuya defensa evalúa presentar recursos para eliminar el agravante de ensañamiento y reducir su condena a homicidio simple.
