La morosidad en Tucumán ronda el 19%, por encima del promedio nacional, y la provincia figura como el sexto distrito con mayor nivel de irregularidad, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos del Banco Central. Ante ese escenario, la Legislatura analiza una serie de proyectos para aliviar la situación de más de 257.000 deudores.
El CEPA considera en situación irregular a los financiamientos con atrasos superiores a 90 días. El crecimiento del incumplimiento fue el que puso el tema en agenda y disparó la búsqueda de respuestas legislativas.
El tratamiento, sin embargo, no sería inmediato. Aunque se había evaluado incorporar alguna de las alternativas a la sesión prevista para el miércoles 30 de septiembre, fuentes parlamentarias indicaron que la discusión podría trasladarse al siguiente debate, previsto para el 8 de octubre. La intención sería alcanzar una solución más amplia que también contemple a empleados del sector privado. La Legislatura confirmó oficialmente que tiene convocada una sesión para el 30 de septiembre.
Los proyectos que están sobre la mesa
Entre las iniciativas bajo análisis aparecen propuestas de legisladores de distintos espacios políticos: Gerónimo Vargas Aignasse, Carlos Gallia, Alberto Olea, Ernesto Gómez Rossi, Silvia Elías de Pérez, Alfredo Toscano, Claudio Viña y Rolando Alfaro. En líneas generales, los proyectos apuntan a contener el sobreendeudamiento, preservar la porción alimentaria de los ingresos familiares, abaratar el financiamiento, facilitar la refinanciación de tarjetas y préstamos y ampliar la educación financiera.
Una de las alternativas, impulsada por Toscano, plantea crear un régimen especial para empleados de la administración pública provincial y de organismos estatales cuyos ingresos no superen seis salarios mínimos. La propuesta contempla financiamiento a tasa cero para cancelar saldos de tarjetas de crédito del Banco Macro, agente financiero provincial, y establece que las retenciones sobre el salario no podrán superar el 25%.
Los fundamentos apuntan a impedir que los elevados intereses profundicen las dificultades de quienes ya se encuentran en mora. El esquema propone que el banco absorba el costo financiero de las cuotas y vincula la medida con el creciente uso del crédito para cubrir consumos esenciales, incluidos los alimentos.
Vargas Aignasse, por su parte, impulsa un régimen de protección del salario frente al sobreendeudamiento de empleados públicos. El proyecto busca preservar el carácter alimentario de las remuneraciones mediante nuevas reglas para los descuentos directos por planilla. En este caso, el costo financiero total tendría como límite la inflación interanual más 10 puntos porcentuales, mientras que la suma de los compromisos descontados no podría afectar más del 30% del salario neto del trabajador.
Una propuesta de mayor alcance es la presentada por Olea, denominada Programa Tucumán de Alivio y Desendeudamiento Personal. El régimen comprendería a residentes con ingresos de hasta 10 salarios mínimos e incluiría empleados públicos y privados, monotributistas, autónomos, jubilados y pensionados.
Su principal herramienta sería una línea de crédito preferencial destinada a unificar obligaciones existentes, con el dinero transferido directamente a los acreedores. El proyecto establece una tasa nominal anual máxima del 35%, un período de devolución de hasta 36 meses y cuotas que no podrían superar el 25% de los ingresos netos. Además del mecanismo financiero, esa iniciativa incorpora asistencia interdisciplinaria gratuita y campañas de educación financiera, una herramienta que también aparece en otros proyectos destinados a prevenir nuevos ciclos de endeudamiento.
Aportes desde fuera de la Legislatura
Al debate legislativo se sumaron propuestas elaboradas fuera de la Cámara. La Unión de Usuarios y Consumidores y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentaron dos iniciativas orientadas específicamente a las personas con dificultades para afrontar sus compromisos.
Una de ellas propone instaurar un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores y Usuarios. El sistema crearía un procedimiento administrativo gratuito para reestructurar obligaciones y habilitaría audiencias conciliatorias en las que deudores y acreedores podrían negociar quitas, períodos de gracia o reducciones de las tasas.
El segundo proyecto plantea modificar la Ley N° 8.365 para poner en funcionamiento una Red Provincial de Puntos de Atención a Consumidores y Usuarios. La intención es descentralizar la asistencia estatal y extenderla a los 19 municipios y las 93 comunas rurales de Tucumán.
El debate provincial se produce en un contexto de deterioro de la capacidad de pago de los hogares. El CEPA advirtió además que, a nivel nacional, permanece elevado el volumen de créditos clasificados en una categoría de seguimiento especial que todavía no constituye formalmente mora, pero funciona como señal de alerta ante un eventual agravamiento de los incumplimientos.
Así, la discusión que deberá afrontar la Legislatura no se limita a cómo refinanciar las obligaciones ya vencidas. Los diferentes proyectos ponen también el foco en cuánto del salario puede destinarse al pago de cuotas, qué costo financiero deberían tener las nuevas líneas de crédito y hasta dónde debería extenderse el universo de beneficiarios para alcanzar a los hogares tucumanos afectados por el sobreendeudamiento.
