Un informe privado reveló que la situación de calle ya no afecta solo a personas históricamente marginadas, sino que se convirtió en el último eslabón de una crisis habitacional y laboral que alcanza a sectores que hasta hace poco tenían vivienda. Familias enteras, jubilados, mujeres que huyen de la violencia, jóvenes y trabajadores sin antecedentes de calle engrosan las filas de quienes viven a la intemperie, empujados principalmente por la imposibilidad de pagar un alquiler.
El estudio de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI), elaborado por Daniela Valiente y Agustín Alessio, señala que el programa económico del gobierno de Javier Milei agravó la situación. “Estamos ante un fenómeno generalizado de transformación en la composición y características de la población en situación de calle”, advierten los referentes consultados.
Indicadores críticos
Los datos son contundentes: solo el 14,8% de las personas en situación de calle completó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y el 54% sufrió violencia desde que está en la vía pública. Además, apenas una de cada tres accedió a un control médico en el último año. “No se está en la calle por una mala decisión, sino que se llega tras agotar recursos y estrategias de supervivencia”, indica el informe.
“El cambio más estructural es el aumento exponencial de personas que terminan en situación de calle por razones económicas simples: incapacidad de pagar alquileres en contextos de desocupación y falta de oportunidades laborales”, destacaron Valiente y Alessio.
El alquiler como frontera
Argentina atraviesa un proceso de fuerte inquilinización: casi el 21% de los hogares alquila, frente al 12% en 1991. Al mismo tiempo, se expanden formas precarias de acceso a la vivienda, como hoteles pensión, conventillos o alquileres informales. Para la FDHI, la situación de calle es el extremo de ese proceso: cuando los ingresos no alcanzan ni para esas alternativas.
Las necesidades de quienes viven en la calle van más allá de un techo. El informe alerta sobre “necesidades profundas y estructurales” que incluyen acceso a vivienda estable, cobertura de necesidades básicas, acompañamiento psicosocial y reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios.
Una cadena que termina en la calle
La pérdida del empleo estable, el deterioro de los ingresos, el endeudamiento, la imposibilidad de sostener el alquiler y el agotamiento de las redes familiares conforman una secuencia que desemboca en la calle. Para la Fundación, la coyuntura obliga a revisar el abordaje: no basta con dispositivos de emergencia invernal. Proponen fortalecer herramientas para evitar que desalojos, imposibilidad de alquilar o egresos institucionales sin solución habitacional engrosen la población en situación de calle.
“Construir un sistema federal de abordaje integral, fortalecer las políticas habitacionales y las estrategias de prevención, consolidar dispositivos territoriales e interdisciplinarios de acompañamiento”, son algunas de las recomendaciones del informe.
El diagnóstico final es contundente: cuando el trabajo ya no garantiza un ingreso suficiente, el alquiler se vuelve inaccesible y las redes familiares se agotan, la calle deja de ser una excepción y se convierte en el destino de quienes ya no logran sostener el último derecho que conservaban: tener un techo.
