Con la Resolución 271/2025, el Gobierno Nacional introdujo una transformación significativa en la política comercial del sector automotriz: los ciudadanos podrán importar vehículos nuevos sin intermediarios. Esta medida apunta a agilizar trámites, reducir costos y ampliar el acceso a unidades del exterior, removiendo barreras que históricamente beneficiaban a concesionarios y fabricantes.
El cambio normativo redefine el procedimiento de patentamiento, permitiendo que quienes adquieran un vehículo fuera del país utilicen certificados internacionales de seguridad para validarlo en territorio nacional. Además, en caso de no contar con la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) emitida por el fabricante, el Estado habilita gestiones individuales ante la Secretaría de Transporte, en un esquema similar a la VTV.
🔧 Autopartes y liberalización
El nuevo paradigma también alcanza a la industria de autopartes. Gracias a la Resolución 222/2025, se elimina la obligatoriedad del Certificado de Homologación emitido por el INTI. Las certificaciones ahora podrán provenir de laboratorios reconocidos internacionalmente, dando más libertad a fabricantes e importadores, aunque con controles posteriores a la comercialización.
💬 Entre la eficiencia y el debate
Si bien la medida apunta a desburocratizar y dinamizar el mercado, no faltan voces críticas. Sectores industriales advierten sobre los riesgos de abrir el juego sin una protección gradual. ¿Podría esta flexibilización debilitar la producción nacional o equilibrar el acceso ciudadano en tiempos de alta inflación? El interrogante queda planteado.
Con esta política, el Ejecutivo pone sobre la mesa su modelo de apertura económica, promoviendo reglas más simples y libertades individuales en el consumo. El impacto en el mercado local y en la estructura de precios será parte del debate de las próximas semanas.
