El Gobierno argentino enfrenta un escenario económico complejo, donde la acumulación de reservas y el cumplimiento de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han convertido en un desafío crucial para la estabilidad financiera del país. Con una exigencia de u$s5.000 millones en menos de dos meses, la administración de Javier Milei debe recurrir a diversas estrategias para alcanzar los objetivos impuestos por el organismo internacional.
Uno de los puntos clave en esta ecuación es la intervención del Banco Central, que, según declaraciones oficiales, solo operará en el piso de la banda cambiaria, limitando su capacidad de acción en el mercado de divisas. A esto se suma la necesidad de nuevas colocaciones de deuda y el uso del superávit fiscal para la compra de dólares, lo que genera incertidumbre sobre el impacto en la economía real.
El informe de una consultora económica advierte que, incluso con el ingreso de u$s1.500 millones del Banco Mundial, el panorama sigue siendo desafiante. La meta de junio exige alcanzar u$s -2.700 millones en reservas netas, lo que implica una mejora de u$s6.700 millones respecto al último dato disponible. Además, hacia fin de año, el objetivo asciende a u$s1.800 millones positivos, lo que requerirá una acumulación adicional de u$s11.200 millones.
Otro factor que presiona las cuentas del Gobierno es el vencimiento de compromisos con el FMI y otros organismos, que suman más de u$s1.600 millones en las próximas semanas. A esto se agregan los pagos del Bopreal y la negociación de un repo por u$s2.000 millones con bancos internacionales, de los cuales solo u$s500 millones podrán computarse como reservas netas.
El panorama para el segundo semestre no parece más alentador. En julio, el Tesoro deberá afrontar vencimientos por más de u$s4.000 millones en bonos Globales y Bonares, sin certezas sobre la posibilidad de un rollover efectivo. La tensión entre la necesidad de comprar divisas y el compromiso de no expandir la base monetaria sigue marcando el debate económico.
Con un superávit comercial en caída y restricciones autoimpuestas a la intervención cambiaria, el cumplimiento de las metas del FMI dependerá de la capacidad del sector agroexportador para liquidar divisas y de la disposición del Gobierno a utilizar todos los recursos disponibles para sumar reservas. La pregunta que queda abierta es si estas estrategias serán suficientes para evitar una nueva crisis financiera.
