El Gobierno de Javier Milei, que llegó al poder prometiendo libertad económica y desregulación total, acaba de aplicar una de las medidas más restrictivas del sistema financiero argentino en los últimos veinte años. A partir de esta semana, los bancos están obligados a inmovilizar cerca de 6 billones de pesos que quedaron sueltos tras una fallida licitación de deuda. El objetivo: evitar que esa masa de dinero presione sobre el dólar y desate una corrida cambiaria. El método: un corralito encubierto que contradice el relato libertario y expone la fragilidad del modelo.
Encajes, bonos y cerrojos: el nuevo manual de control
La Comunicación “A” 8302 del Banco Central establece que los bancos deberán depositar sus excedentes en cuentas remuneradas del BCRA o volcarlos a la compra de títulos del Tesoro Nacional. Además, se eliminó el cálculo por promedio mensual y se exige el 100% del encaje todos los días hábiles. Las multas por incumplimiento se triplicaron y se endurecieron los controles sobre la posición en moneda extranjera.
En la práctica, los bancos pierden autonomía para manejar su liquidez. No pueden prestar, no pueden invertir libremente, y deben financiar al Estado bajo amenaza de sanciones. No se toca el dinero de los ahorristas, pero se estrangula el sistema financiero. Es un corralito a la liquidez, no a los depósitos. Pero el efecto es el mismo: se bloquea el flujo de pesos para evitar que se conviertan en dólares.
¿Medida técnica o síntoma de debilidad?
El detonante fue el fracaso de la última licitación de deuda, que dejó sin renovar una porción crítica de vencimientos. El resultado: 6 billones de pesos quedaron libres en el sistema, listos para buscar refugio en el dólar. Ante el riesgo de una corrida, el Gobierno optó por el cerrojo. Pero esta decisión revela más que una urgencia monetaria: muestra que el modelo de ajuste y desregulación tiene límites estructurales.
Cuando un gobierno que se autodefine como liberal aplica controles financieros de este calibre, el discurso se quiebra. La libertad de mercado se convierte en control de caja. Y la promesa de estabilidad se sostiene con medidas que recuerdan, inevitablemente, al 2001.
El Estado ausente que aparece para castigar
Lo más paradójico es que este corralito financiero ocurre en un contexto de desregulación generalizada. Mientras se desmantelan organismos como el INAES, se flexibilizan barreras sanitarias en el SENASA y se promueve la privatización de empresas públicas, el Estado aparece con fuerza para controlar a los bancos. No para garantizar derechos, sino para blindar su propia supervivencia.
La desidia institucional se combina con intervenciones selectivas que responden más al pánico que a la planificación. El resultado es un sistema financiero intervenido, pero sin rumbo. Un Estado que se retira de lo social, pero se atrinchera en lo monetario.
