FMI exige que Argentina acumule USD 5.000 millones en reservas cada trimestre, lo que implica que una gran parte del dinero recibido deberá quedar inmovilizada. En la práctica, esto limita el margen de maniobra del gobierno, forzando aún más la dependencia del financiamiento externo y dificultando la estabilidad del tipo de cambio.
La gestión económica de Milei y Luis Caputo se enfrenta a una paradoja: por un lado, el gobierno sostiene que no habrá devaluación, pero por otro, las exigencias del FMI prácticamente empujan hacia una depreciación encubierta del peso. De hecho, algunos analistas advierten que el Fondo busca la liberación total del cepo cambiario, lo que podría generar una nueva corrida cambiaria.
El exministro Domingo Cavallo lanzó una crítica directa a la estrategia oficial, advirtiendo que utilizar reservas obtenidas a través de organismos financieros internacionales para contener la apreciación del peso podría ser “contraproducente y llevar al fracaso del proceso de desinflación”. Desde el ámbito académico, economistas coinciden en que Argentina sigue atrapada en una lógica de endeudamiento para cubrir su necesidad de dólares, sin generar ingresos genuinos a través de exportaciones.
El acuerdo con el FMI no parece representar una verdadera solución a los problemas económicos estructurales del país. Más bien, profundiza la dependencia del endeudamiento y deja al gobierno en una situación de fragilidad ante futuras presiones del organismo internacional. La gran incógnita sigue siendo: ¿cuánto tiempo podrá sostenerse este modelo antes de que una nueva crisis estalle?
