Tucumán perdió 37 mil hectáreas de cobertura arbórea entre 2015 y 2025, una superficie equivalente a cuatro veces San Miguel de Tucumán, según datos satelitales de Global Forest Watch. El este provincial concentra los mayores daños.
La plataforma Global Forest Watch, que monitorea y alerta sobre cambios forestales a partir de observaciones satelitales, define esa pérdida como “cobertura arbórea”: toda vegetación que supera los cinco metros de altura. La cifra preocupa no solo por lo que desaparece del paisaje, sino por lo que libera a la atmósfera.
Esa pérdida de vegetación equivale a la emisión de 9,1 megatoneladas de dióxido de carbono, según la misma plataforma. Traducido a parámetros cotidianos, y de acuerdo con datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, esa cantidad es comparable con las emisiones anuales de más de dos millones de vehículos particulares. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero: su liberación en exceso alimenta el calentamiento global.
Ni los incendios ni la urbanización, las dos causas que suelen señalarse como detonantes de la destrucción ambiental, explican lo que ocurre en Tucumán. Desde 2001, el principal motor de la pérdida de cobertura arbórea en la provincia es la agricultura permanente. Casi el 94% de las hectáreas arrasadas responden a ese factor.
El este tucumano, la zona más golpeada
En la última década, el este provincial fue el área más afectada por la destrucción de vegetación en altura. Los departamentos con mayores pérdidas son Burruyacú, con 9.300 hectáreas; Graneros, con 6.900; y Leales, con 4.600. Entre los tres explican el 56% de toda la pérdida registrada en el territorio provincial.
Con otra metodología, la plataforma también permite comparar cuánta superficie de árboles se ganó y cuánta se perdió entre 2000 y 2020. La tendencia es similar: Tucumán ganó 23.315 hectáreas, pero perdió 103.382. La pérdida neta ronda las 80 mil hectáreas en todo el territorio.
El desglose por jurisdicción muestra que todos los departamentos tucumanos perdieron cobertura arbórea en los primeros 20 años del siglo XXI. Solo uno registra una ganancia: Tafí del Valle.
“Un problema estructural muy grave”
Así califica David Montenegro, doctor en Ciencias Sociales e investigador, a la deforestación. Sus trabajos académicos pusieron el foco en el avance de la agricultura y la pérdida masiva de vegetación en dos departamentos: Burruyacú y Cruz Alta.
“La superficie cultivada se triplicó entre 1976 y 2024 a costa de la pérdida de más de 300.000 hectáreas de bosque chaqueño nativo. Este avance generó una insularización del ecosistema, fragmentando el paisaje y reduciendo drásticamente los parches de bosque continuo”, explicó Montenegro a Tendencia de Noticias.
Al igual que Global Forest Watch, el investigador sostiene que la expansión agropecuaria, traccionada principalmente por el monocultivo de la soja, es la responsable de esa transformación. “Los habitantes de estas zonas tienen motivos urgentes para preocuparse”, advirtió.
Las consecuencias van más allá de la pérdida de árboles. La deforestación “barrió con la biodiversidad” y eliminó la regulación térmica e hídrica natural. Con la aceleración de los procesos de erosión, se multiplicaron las inundaciones y se agudizaron los conflictos territoriales por el acceso a la tierra y al agua, según las investigaciones del especialista tucumano.
Las estadísticas más recientes muestran una estabilización en el ritmo de deforestación, pero Montenegro no es optimista. “No responde a un éxito de las políticas de conservación ambiental, sino al agotamiento físico del territorio; simplemente queda muy poca frontera boscosa apta y accesible por desmontar”, afirmó. Aun así, señaló que todavía existen desmontes ilegales.
Normas desactualizadas y prioridades postergadas
En Tucumán, la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley 8304) protege el ambiente, regula la expansión agropecuaria y clasifica los bosques según su valor de conservación desde 2010. Para Montenegro, sin embargo, “llegó tarde”.
“El daño mayor ya estaba hecho, categorizando el 95% de los remanentes boscosos de las comunas rurales en verde, es decir, habilitados administrativamente para el desmonte legal”, agregó. Además, criticó que “a 15 años de su sanción”, la ley “sigue sin actualizarse”.
El problema tampoco parece ser una prioridad en la gestión provincial. La Subdirección de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y la Subdirección de Áreas Naturales Protegidas se encuentran dentro de la órbita de Desarrollo Productivo. “Esto no es solo una organización institucional, es una manifestación de lugar que ocupa la preservación de las áreas naturales en la provincia. Están supeditadas a las decisiones en materia económica o productiva”, criticó Montenegro.
Para el investigador, ni a escala nacional ni provincial se transita el camino correcto. Aun así, enumeró tres medidas para mejorar el panorama: revisar y actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos provincial, monitorear geoespacialmente para sancionar la tala ilegal y formular estrategias de desarrollo local que empoderen a las comunas rurales y a las cooperativas campesinas, con planes reales de restauración del bosque.
El objetivo, según explicó Montenegro con palabras ilustrativas, es claro: “Para evitar que la degradación se profundice”.
