La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos que estaba previsto para este viernes en Tucumán y otras provincias del interior, por lo que el transporte funciona con total normalidad. Sin embargo, el conflicto salarial sigue sin resolverse y las partes volverán a reunirse el próximo jueves 20 de agosto.
La decisión se tomó tras una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Capital Humano, con participación de representantes de UTA y de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap). En ese encuentro, los empresarios se comprometieron a gestionar ante provincias y municipios para elaborar una propuesta que destrabe la negociación salarial.
Ante ese compromiso, el gremio resolvió dejar las medidas de fuerza “en suspenso” con fines conciliatorios. La próxima audiencia quedó fijada para el jueves 20 de agosto, a las 12, en la sede del Ministerio de Capital Humano. Según lo que presente Fatap, UTA analizará cómo continuar con el reclamo.
Qué reclama UTA
El conflicto se originó por la falta de acuerdo sobre la recomposición salarial. En Tucumán, el secretario general de UTA, César González, sostuvo que los choferes buscan obtener el mismo incremento que se acordó para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el salario inicial se acerca a los $2,3 millones.
Desde el sector empresario, Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), señaló que las compañías del interior no cuentan con el mismo esquema de financiamiento que las del AMBA, y que las diferencias en materia de subsidios dificultan afrontar el aumento reclamado. Como posible alternativa, Berreta planteó una redistribución de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles y aseguró que aprovecharán el plazo abierto por la suspensión para realizar gestiones.
El Gobierno había cuestionado el paro
Antes de conocerse la suspensión, el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, habían criticado la medida y reclamado que las diferencias se resolvieran mediante el diálogo. Chahla destacó los aportes del municipio para sostener el transporte y remarcó la importancia de garantizar el servicio para quienes lo usan para trabajar o estudiar.
Jaldo, por su parte, reconoció el derecho constitucional a huelga, pero advirtió sobre las consecuencias de una medida de fuerza. También resaltó los aportes de la Provincia y los municipios para sostener un sistema que emplea a más de 3.500 trabajadores y transporta diariamente a unos 600.000 pasajeros.
