La investigación por las presuntas estafas en la compra y venta de vehículos suma al menos 12 nuevas denuncias y el perjuicio económico ya supera los $200 millones.
La Justicia rechazó el pedido para morigerar la detención de dos de los tres imputados en la causa que investiga un esquema de estafas montado bajo la fachada de la concesionaria DG Cars, en Yerba Buena. Además, se confirmó que ya son más de 20 los denunciantes.
Están imputados Matías José Díaz Vier (40), su pareja Anabel García (37) y Javier Goitea. Según la acusación del fiscal Fernando Blanno, habrían montado un esquema delictivo simulando operaciones legítimas de compraventa de vehículos.
De acuerdo con la teoría fiscal, los acusados ofrecían unidades, recibían rodados en consignación o como parte de pago y percibían importantes sumas de dinero que luego no restituían. La Fiscalía sostiene que incumplían deliberadamente los compromisos asumidos.
Entre las maniobras investigadas están la entrega de adelantos para generar confianza, la simulación de créditos prendarios inexistentes, la utilización de terceros, la emisión de comprobantes apócrifos y la transferencia de vehículos sin autorización de sus titulares. En varios casos, las víctimas perdieron el dinero invertido, sus bienes o quedaron comprometidas con deudas fraudulentas.
A los acusados se les dictó prisión preventiva. García cumple arresto domiciliario por tener hijos menores de edad. La defensa, a cargo de Candela Álamo, pidió revisar la necesidad de mantener una medida que consideró “tan gravosa” como la prisión preventiva.
“Con un mayor conocimiento de la causa, de las evidencias y de las particularidades de cada denuncia, entendimos que correspondía revisar la necesidad de mantener una medida tan gravosa como la prisión preventiva dictada contra Díaz Vier y García”, sostuvo la abogada.
Álamo señaló que hasta el momento no se pudo probar la participación de sus defendidos en las maniobras. Respecto de Goitea, afirmó que no todos los hechos presentan el mismo sustento probatorio. La auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás y los querellantes se opusieron al planteo, argumentando que los imputados podrían entorpecer la investigación. El juez Facundo Maggio rechazó el pedido.
El querellante Juan Guerrero sostuvo que la investigación recién comienza y que, desde que el caso tomó estado público, se sumaron al menos 12 denuncias más. “Estamos hablando de un perjuicio económico que ya superó los $200 millones”, afirmó.
Álamo aclaró que esas nuevas denuncias todavía no fueron objeto de una formulación de cargos. “Cada presentación debe ser analizada de manera individual y con la seriedad que corresponde”, sostuvo. “La existencia de una denuncia no equivale a una condena ni determina automáticamente una responsabilidad penal”, añadió.
Fabrizio Caruso, representante legal de una de las víctimas, explicó que “se formalizaron 12 hechos de estafa en abril y, hasta la fecha, se sumaron 10 nuevos denunciantes. Hay víctimas que reclaman el reintegro del dinero y otras la devolución de sus vehículos”. Agregó que “cada vez se hace más difícil que los responsables puedan responder ante los damnificados, porque el perjuicio patrimonial se incrementa con el paso del tiempo”.
La defensa aseguró que intentó abrir espacios de diálogo. “Ya se realizaron distintas propuestas económicas y se mantuvieron conversaciones con algunos de los involucrados”, afirmó Álamo.
La causa también incluyó un testimonio sobre supuestas maniobras de ocultamiento de pruebas: un testigo declaró haber presenciado la quema de documentación y el enterramiento de bolsas con dinero. Los investigadores excavaron el fondo de la vivienda de los imputados, pero no hallaron elementos de interés. Álamo rechazó esa versión: “Esa versión es absolutamente falsa. No existe ningún elemento incorporado al expediente que permita sostener semejante afirmación”.
