El reciente fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordena a la Argentina entregar el 51% de YPF al fondo buitre Burford Capital, representa mucho más que un revés judicial: es una embestida directa contra el derecho de un país a decidir sobre sus recursos estratégicos. YPF, reestatizada en 2012 luego de años de vaciamiento bajo gestión privada, no es una empresa más: es una pieza clave del entramado productivo nacional, un emblema de soberanía energética que ha dado sobradas muestras de eficiencia, rentabilidad y proyección.
Desde su reestatización, YPF ha generado resultados económicos palpables: entre 2013 y 2023 la compañía acumuló ganancias netas por más de US$ 6.800 millones, siendo una de las principales fuentes de inversión en exploración y producción de hidrocarburos en el país. Su rol en el desarrollo de Vaca Muerta —una de las mayores reservas de shale del planeta— ha sido decisivo no solo en términos de producción, sino también como ancla de desarrollo regional y generación de empleo industrial.
El fallo de Preska, que responde a lógicas judiciales ajenas y funcionales al negocio especulativo de los fondos buitre, pretende que la Argentina transfiera el control de una empresa estratégica a un fondo que compró derechos litigiosos por centavos, sin haber invertido un solo dólar en infraestructura, exploración ni desarrollo nacional. Es, en esencia, un intento de premiar la especulación por sobre la producción.
La defensa de la reestatización de YPF no es ideológica: es pragmática y soberana. Ninguna empresa puede llevar adelante el salto tecnológico, ambiental y energético que requiere el futuro argentino si está al servicio del lucro cortoplacista de fondos offshore. Hoy, YPF lidera la transición hacia energías más limpias, motoriza el empleo calificado y proyecta una Argentina con capacidad de autoabastecimiento e incluso de exportación regional.
Aceptar el fallo sin resistencia implicaría validar que los tribunales internacionales pueden definir el destino de una de las empresas más importantes del país, como si las decisiones de política energética fueran una commodity más en el casino global. Defender YPF no es defender un gobierno. Es defender un modelo de país.
