La decisión del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y otros productos electrónicos ha desatado una fuerte reacción en Tierra del Fuego. Ante el impacto que esta medida podría tener en la industria local, los sindicatos han convocado a un paro general para el próximo 21 de mayo, en defensa de los puestos de trabajo y la producción nacional.
Un golpe a la industria fueguina
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, advierten que la eliminación de los aranceles pone en riesgo 7.000 empleos, afectando directamente a las familias que dependen de la producción electrónica en la provincia. En un comunicado conjunto, los gremios expresaron su rechazo absoluto a la medida y exigieron su reversión inmediata, argumentando que atenta contra la estabilidad laboral y el desarrollo industrial.
El gobernador Gustavo Melella también manifestó su preocupación, señalando que esta decisión responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de un acuerdo que busca eliminar los beneficios fiscales de Tierra del Fuego. Según Melella, la medida representa un duro golpe para la economía provincial y pone en peligro más de 45 años de desarrollo industrial.
La respuesta sindical
Frente a este escenario, la UOM de Río Grande decretó un paro total de actividades, como una primera respuesta a lo que consideran un nuevo ataque contra la industria nacional. En un documento difundido por el Congreso de Delegados, los trabajadores advirtieron que no permitirán que la producción local se desmorone por decisiones unilaterales del Ejecutivo.
Los gremios han dejado en claro que esta lucha no es solo por los empleos, sino también por el derecho soberano de los fueguinos a seguir habitando y desarrollando su provincia. La movilización del 21 de mayo será clave para medir el impacto de la protesta y la capacidad de los sindicatos para frenar una medida que consideran perjudicial para el futuro de Tierra del Fuego.
Un conflicto con impacto nacional
La eliminación de los aranceles no solo afecta a Tierra del Fuego, sino que también abre un debate sobre el modelo industrial argentino y la relación del Gobierno con el sector productivo. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como una estrategia para reducir costos y fomentar la competencia, los sindicatos y el gobierno provincial alertan sobre sus consecuencias sociales y económicas.
El paro general será una prueba de fuerza para los trabajadores y un mensaje claro al Gobierno Nacional: la industria fueguina no está dispuesta a desaparecer sin dar pelea. La próxima semana será clave para definir el rumbo de este conflicto y el futuro de miles de trabajadores que dependen de la producción electrónica en la provincia.
