José Matías Rollate, acusado de estafa y tenencia de dólares falsos, habría utilizado supuestos vínculos con dirigentes nacionales para captar inversores. La investigación reveló que ofrecía una rentabilidad del 14% mensual y hasta mencionó a Martín Menem, Raúl Jalil y Martín Llaryora para ganar credibilidad.
La causa comenzó con la denuncia de Nadia Antonella Pérez Vaca, pareja del acusado, quien aseguró haberle entregado U$S 5.000 para una inversión y luego descubrió que Rollate usó sin autorización los datos bancarios de su padre para obtener $ 12,5 millones. También dijo haber recibido amenazas al reclamar el dinero.
Como prueba, presentó un sobre con U$S 100.000 apócrifos que, según afirmó, le había dado el propio acusado. La defensa argumentó que eran billetes de cotillón para fiestas. Con esos elementos, el fiscal Diego López Ávila allanó una vivienda que funcionaba como oficina financiera informal.
En el operativo, el padre del sospechoso, Jacinto Rollate, llevaba U$S 10.000 en un bolsillo y más de $ 1,5 millones en efectivo en el otro. Ambos fueron formalmente acusados este martes, aunque continuarán el proceso en libertad.
Tras la difusión del caso, surgieron antecedentes que indican que Rollate ya era investigado desde al menos tres años por delitos económicos. Una de las denuncias más relevantes la presentó en 2023 Federico Vega, quien relató cómo cayó en la trampa.
Según Vega, ambos fueron compañeros en la Universidad de San Pablo-T y retomaron contacto en 2018. Rollate le dijo que trabajaba en la Legislatura y proyectaba crear una financiera llamada Rollal Group. Le ofreció invertir con una rentabilidad del 14% mensual y aseguró tener acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social para financiar licitaciones públicas.
Vega vendió una cochera y le entregó U$S 15.000. Luego hizo nuevas inversiones: U$S 25.000 en 2020 y otros U$S 16.000 más 30.000 euros en enero de 2022. Durante un tiempo recibió pagos con demoras, pero después Rollate comenzó a incumplir y desapareció.
Más tarde, el sospechoso le propuso reinvertir a cambio de pagos semanales de $ 840.000, pero solo cumplió con las dos primeras entregas. Vega sostuvo que en agosto de ese año fue citado a la oficina, donde recibió U$S 37.500 y fue amenazado con un arma de fuego. En 2023, calculó la deuda en U$S 120.000.
La causa pasó por la fiscal Mariana Rivadeneira, quien la consideró una posible estafa piramidal y se declaró incompetente para derivarla a la Justicia Federal, pero los federales rechazaron intervenir. Desde marzo de 2024, el expediente está en la Corte Suprema, que debe definir la jurisdicción.
El abogado José María Molina, que representa a varias víctimas, dijo que ya se comunicaron con él unas diez personas con denuncias similares. “Creemos que estamos frente a una estafa piramidal que se viene desarrollando desde hace al menos ocho años”, afirmó. El fiscal López Ávila espera la presentación de nuevos damnificados para acumular expedientes y eventualmente agravar la imputación.
