Desde su llegada al poder, Javier Milei ha intensificado una estrategia de confrontación directa con el periodismo, utilizando sus redes sociales y su ejército de seguidores para desacreditar, hostigar y fomentar el odio contra periodistas críticos de su gestión. Lo que comenzó como una retórica agresiva se ha convertido en una práctica sistemática que pone en riesgo la libertad de prensa y el derecho a la información.
El mandatario ha utilizado frases como “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, una declaración que no solo legitima el desprecio hacia los comunicadores, sino que también alienta a sus seguidores a replicar ataques en redes sociales. Esta postura ha derivado en una ola de agresiones verbales y digitales contra periodistas que cuestionan su administración, generando un clima de intimidación que busca silenciar voces disidentes.
Uno de los principales exponentes de esta campaña de hostigamiento es Daniel Parisini, más conocido como El Gordo Dan. Este influencer libertario, cercano al círculo de Milei, ha sido uno de los principales promotores de ataques contra periodistas en redes sociales. Recientemente, Parisini pidió abiertamente que el presidente encarcele periodistas por decreto, comparando la situación con una medida tomada por el expresidente Raúl Alfonsín en 1985. Sin embargo, diversos especialistas han desmentido esta comparación, señalando que el decreto de Alfonsín no estuvo dirigido contra periodistas por su labor profesional, sino contra personas vinculadas a un supuesto complot golpista.
El pedido de El Gordo Dan generó una fuerte reacción en el ámbito periodístico. Baby Etchecopar, uno de los comunicadores atacados, respondió con una frase contundente: “Soy periodista, si me matás, te suicidás”. Su declaración refleja la preocupación creciente por el clima de censura e intimidación que se está instalando en el país. Además, trascendió que Milei habría solicitado la expulsión de Etchecopar y Luis Novaresio de la señal de noticias A24, lo que refuerza la idea de que el gobierno busca acallar voces críticas.
Más allá de los ataques personales, esta estrategia de Milei y su entorno tiene un objetivo claro: desviar la atención de los problemas estructurales de su gestión. Mientras el país enfrenta una crisis económica profunda, con caída del consumo, inflación persistente y conflictos sociales en aumento, el gobierno opta por confrontar a los medios en lugar de ofrecer soluciones concretas. La narrativa de “los periodistas mienten” se ha convertido en un recurso para evitar el debate sobre las dificultades que atraviesa Argentina.
El impacto de esta política de hostigamiento no se limita a los periodistas. La deslegitimación de la prensa afecta directamente a la ciudadanía, que depende de la información veraz y plural para comprender la realidad del país. En un contexto donde el gobierno busca concentrar el relato en sus propias plataformas digitales, la independencia de los medios se vuelve más crucial que nunca.
La pregunta que queda es hasta dónde llegará esta escalada de agresiones. ¿Podrá Milei sostener su discurso sin consecuencias institucionales? ¿O la sociedad reaccionará ante el peligro que representa un gobierno que ataca sistemáticamente a quienes buscan informar? Lo cierto es que la libertad de prensa está en juego, y defenderla es una tarea que no puede quedar en manos de unos pocos.
