Un comerciante de Juan Bautista Alberdi fue condenado por haber realizado al menos 26 estafas con la venta de teléfonos iPhone y otros productos Apple que cobraba pero nunca entregaba. El acusado, Carlos Alberto Elías, de 27 años, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos del Centro Judicial Concepción, a cargo de Carlos Sale. Se comprobó que la maniobra se extendió entre junio y noviembre de 2025.
Según la acusación, Elías operaba bajo el nombre comercial “Apple Online” y promocionaba en redes sociales la venta de dispositivos Apple en modalidad de preventa, con facilidades de financiamiento. Las publicaciones ofrecían iPhones de alta gama a precios competitivos, lo que generaba confianza entre los compradores.
La investigación estableció que 26 personas pagaron por teléfonos que nunca recibieron. En muchos casos, los clientes entregaron importantes sumas de dinero en efectivo y mediante transferencias bancarias. El comerciante emitía recibos y contratos de financiación para dar una apariencia de legalidad.
La causa se inició tras la denuncia de un vecino de Concepción que perdió más de $10 millones al pagar por varios equipos que jamás le fueron entregados. A medida que avanzó la pesquisa, se sumaron denuncias de víctimas de distintas ciudades del sur de la provincia.
En noviembre del año pasado, los allanamientos en Alberdi permitieron secuestrar documentación vinculada al comercio: decenas de contratos con nombres de clientes, fechas, montos y operaciones relacionadas con la compra de productos Apple.
La teoría del caso sostiene que el acusado aprovechó el prestigio comercial que había construido para captar compradores y quedarse con el dinero, sin cumplir con las entregas ni reintegrar los pagos, causando un importante perjuicio económico.
Elías fue imputado por el delito de estafas reiteradas en concurso real en 26 oportunidades. El acuerdo de juicio abreviado, presentado por el auxiliar de fiscal Juan José Ibañez, fue homologado por el juez interviniente.
La pena establecida es de tres años de prisión condicional, más el pago de costas procesales y reglas de conducta que deberá cumplir durante la condena. Además, el acuerdo contempla el pago de $36 millones para resarcir a las 26 víctimas, monto que se distribuirá proporcionalmente según el perjuicio sufrido por cada denunciante.
En la causa también quedó involucrada la pareja del condenado, acusada de haber participado en las operaciones fraudulentas. Su defensa adelantó que solicitará una suspensión de juicio a prueba como salida alternativa al conflicto penal.
