El Gobierno de Tucumán formalizó un nuevo esquema de financiamiento para los comedores escolares: la Provincia deberá garantizar como mínimo el 75% del presupuesto y el aporte nacional no podrá superar el 25%. La medida quedó establecida en el Decreto N° 2.115/4, publicado este martes 29 de septiembre en el Boletín Oficial.
A través de esa norma, el gobernador Osvaldo Jaldo autorizó al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, a suscribir una adenda al convenio vigente con la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
El acuerdo introduce condiciones a partir del ejercicio 2026 para el financiamiento, seguimiento, monitoreo, control y evaluación de la línea “Prestaciones a Comedores Escolares”, en el marco de la política de ajuste del gasto que lleva adelante el Gobierno nacional.
El nuevo reparto de aportes
Uno de los puntos centrales del instrumento, al que accedió Tendencia de Noticias, establece que la Secretaría de Educación nacional deberá informar anualmente a Tucumán el presupuesto asignado. El texto incorpora un límite expreso: “el aporte nacional no podrá superar el veinticinco por ciento (25%) del monto total proyectado por la jurisdicción para la implementación de las prestaciones a comedores escolares durante ese ejercicio”.
Con ese monto sobre la mesa, la Provincia deberá presentar un Plan Anual que contemple la totalidad de los recursos del programa, sin importar su origen nacional o provincial. Además, tendrá que garantizar un aporte que represente “como mínimo, el setenta y cinco por ciento (75%) del monto total” y acreditarlo con documentación presupuestaria, financiera y contable. Nación podrá revisar esos porcentajes cada año según la evolución de las variables presupuestarias, económicas y de cobertura.
Cuánto dinero se destina a los comedores
El Presupuesto 2026 de Tucumán contempló inicialmente una partida de $1.225 millones para “Comedores Escolares”, dentro del programa Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social. Esa cifra, sin embargo, no refleja el costo anual de las prestaciones ni el volumen de recursos provinciales que terminaron destinándose al programa, producto de las modificaciones y transferencias presupuestarias realizadas durante el ejercicio.
La diferencia se advierte en los refuerzos dispuestos durante el año tras los ajustes de la Nación. Solo para afrontar la contraprestación provincial de agosto, el Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de $14.900 millones del Tesoro provincial. El refuerzo de un solo mes multiplicó por más de doce el crédito específico de $1.225 millones previsto originalmente bajo la denominación “Comedores Escolares”.
El dato también permite dimensionar el peso del financiamiento provincial. Al inaugurar las sesiones legislativas de 2026, Jaldo había señalado que durante 2025 la Provincia llegó a financiar el 91% de la inversión en comedores, que alcanzaban a más de 270.000 alumnos de unas 1.100 escuelas. Ahora, la adenda fija una regla formal hacia adelante: Tucumán deberá garantizar al menos el 75% y el aporte nacional no podrá superar el 25%.
Una proporción que ya se venía aplicando
La incorporación del límite del 25% no implica que Nación estuviera financiando inmediatamente antes una proporción mayor ni que la adenda signifique por sí misma un recorte de los recursos para Tucumán.
Cuando la Provincia recuperó en 2024 las transferencias nacionales para los comedores escolares, el convenio contempló un aporte de $7.135,9 millones. El Ministerio de Desarrollo Social tucumano señaló entonces que los recursos nacionales representaban aproximadamente entre el 16% y el 18% de la inversión total para sostener las prestaciones alimentarias.
La relación que ahora aparece formalizada ya se había aplicado después. Para enero y febrero de 2025, el Gobierno provincial informó una inversión de aproximadamente $6.700 millones para garantizar el funcionamiento de los comedores durante el verano, con el 75% de recursos provinciales y el 25% restante, unos $1.676 millones, aportado por Nación.
Con el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial queda incorporado expresamente como condición del convenio a partir de 2026 que el 25% funcione como techo para el aporte nacional y el 75% como piso para el financiamiento que deberá garantizar Tucumán.
Históricamente, la participación nacional sí llegó a ser mayor. Datos difundidos por autoridades provinciales en 2020 indicaban que Nación había llegado a financiar alrededor del 60% del programa en 2016, proporción que después descendió.
Más controles sobre alumnos, escuelas y recursos
Otro de los cambios centrales es la cantidad y el nivel de detalle de la información que Tucumán deberá suministrar. La Provincia tendrá que mantener actualizados los datos sobre establecimientos educativos con comedores, matrícula beneficiaria, modalidades de prestación alimentaria, ejecución presupuestaria y financiera y rendiciones de cuentas.
También deberá actualizar la Base Nacional Homologada con la identificación de los estudiantes alcanzados. El objetivo declarado en la adenda es contar con información que permita seguir las trayectorias educativas de los beneficiarios y evaluar la cobertura del programa.
El Plan Anual deberá incluir la totalidad de los recursos destinados a los comedores y luego habrá que presentar informes de avance y de cierre para determinar el grado de ejecución física y financiera de las acciones comprometidas.
La Provincia tendrá que informar, entre otros datos, la matrícula total y la cantidad de alumnos que reciben prestaciones, discriminando cuántos son financiados exclusivamente por Nación, cuántos por Tucumán y cuántos mediante recursos de ambas jurisdicciones. El mismo esquema se aplicará a las escuelas: habrá que precisar el total de establecimientos estatales, cuántos cuentan con comedor y cuál es la fuente de financiamiento.
El formulario incorporado al decreto contempla desayuno, merienda, almuerzo, cena, copa de leche, refrigerio, colación, refuerzo y otras prestaciones. Para cada una, Tucumán deberá declarar la cantidad de raciones, su valor unitario promedio, el período durante el cual se brinda el servicio y el costo total, diferenciando entre financiamiento nacional y provincial.
También aumentarán las exigencias sobre la calidad nutricional. La Provincia deberá informar la composición de cada prestación, incluidos valor energético, macronutrientes, azúcares libres, fibra, vitaminas y minerales. A eso se sumarán las metas nutricionales, los criterios técnicos para definirlas, los menús y su frecuencia de rotación, las evaluaciones realizadas y la participación de nutricionistas en la planificación de las comidas.
Con la publicación del Decreto 2.115/4, el Ejecutivo dejó habilitado a Masso para suscribir la adenda. Las nuevas condiciones regirán desde su firma y permanecerán vigentes hasta la finalización del convenio original.
