El cierre de 60 sucursales del Banco Nación no es solo una medida administrativa: es una declaración de principios. Bajo el paraguas del “Plan Estratégico 2024–2027”, la entidad más grande del sistema financiero argentino avanza con una poda que afectará a miles de usuarios, especialmente en zonas donde el acceso digital aún es limitado. La promesa de eficiencia se traduce, en los hechos, en menos presencia territorial, menos atención personalizada y más exclusión financiera.
El argumento oficial esgrimido por la presidencia del banco —alineado con la lógica de recorte del gobierno de Javier Milei— apunta a un ahorro de más de $1.000 millones anuales. Pero el ahorro no siempre es sinónimo de justicia. Mientras se cierran puertas en pueblos y barrios, se abren ventanas para negocios que huelen a privilegio.
Porque mientras se achica el banco para la gente, se lo expande para los amigos. El presidente del Nación, Daniel Tillard, autorizó —sin pasar por el directorio— la compra de bonos por $400 millones emitidos por la petrolera Aconcagua Energía. ¿El detalle? La colocación fue realizada por Max Capital, una sociedad de Bolsa cuyo socio es Ignacio Tillard, su propio hijo. La operación le dejó a la firma una comisión del 1%, en un contexto donde la empresa emisora terminó entrando en default.
La doble vara es evidente. Para los usuarios, ajuste. Para los vínculos, negocios. El mismo banco que reduce su presencia física en nombre de la austeridad, asume riesgos millonarios en operaciones con conflictos de interés explícitos. Y lo hace sin transparencia, sin control institucional y sin consecuencias visibles.
El Banco Nación no es una empresa privada. Es una herramienta pública. Y cuando se la gestiona como si fuera un feudo, el daño no es solo económico: es simbólico. Porque lo que se erosiona no es solo el patrimonio, sino la confianza.
