En San Miguel de Tucumán, 253 edificios carecen del certificado de final de obra, según datos que la Municipalidad presentó ante el Concejo Deliberante. Miles de vecinos conviven con las consecuencias: no saben cuánto pagarán de luz, agua o gas, no pueden acceder a subsidios energéticos y, en algunos casos, nunca obtuvieron el título de propiedad de su departamento.
El concejal Leandro Argañaraz impulsa un proyecto para crear un régimen especial de regularización que destrabe la situación administrativa de esas construcciones y dé respuestas a quienes las habitan. El edil estimó que entre 15.000 y 20.000 personas podrían estar alcanzadas por esta problemática.
“Más que la regulación que tenemos, hace falta una regularización de algo que ya existe”, sostuvo Argañaraz.
Un universo heterogéneo de problemas
El concejal aclaró que los edificios no presentan todos la misma dificultad. Algunos arrastran trámites administrativos pendientes; otros se construyeron con más metros cuadrados o pisos que los autorizados en los planos originales y necesitan gestionar un conforme de obra. También hay casos en los que las constructoras quebraron o desaparecieron sin completar la documentación.
A eso se suman situaciones más complejas, en las que podrían existir fallas o daños estructurales. “De los 253 edificios no sabemos el número exacto de cuál es la situación de cada uno”, advirtió el edil.
El día a día sin final de obra
La falta del certificado no es solo un trámite pendiente. En algunos edificios hay un único medidor para todas las unidades, por lo que los residentes comparten los gastos de electricidad, agua o gas sin medición individual. Incluso hay inmuebles donde se usan garrafas en los pasillos.
“Hay gente que vive en edificios que tienen la garrafa en el pasillo, que no sabe cuánto va a pagar de luz, de agua o de gas porque tenés un solo medidor para todo el edificio”, describió Argañaraz.
Otro inconveniente son los subsidios energéticos: al no poder individualizar los servicios, los habitantes siguen pagando la electricidad como si se tratara de una obra en construcción y no pueden gestionar los beneficios. La situación también complica la organización de los consorcios, la administración de expensas y la resolución de cuestiones legales. Quienes compraron su departamento de buena fe mediante boletos de compraventa nunca obtuvieron la escritura.
“Tenés gente que está viviendo en el aire y que no tiene certeza sobre cuál es efectivamente la situación de los departamentos en los que residen”, expresó el concejal.
Qué propone el proyecto
La iniciativa de Argañaraz plantea crear un registro que permita conocer en detalle la situación de cada edificio. Podrían inscribirse las constructoras y los titulares de dominio, pero también quienes compraron de buena fe, los inquilinos, los tenedores y los poseedores de las unidades.
Con ese relevamiento se buscaría avanzar en los procedimientos administrativos para regularizar cada inmueble. En paralelo, se apunta a individualizar las unidades para que sus habitantes accedan a los servicios públicos de manera independiente. El objetivo es que los vecinos no dependan exclusivamente de las empresas desarrolladoras o de los titulares para resolver una situación que, en muchos casos, lleva años sin respuesta.
Argañaraz contó que recibió reclamos de propietarios, inquilinos y administradores que conviven con problemas legales y administrativos. También mencionó casos de desarrolladores que, después de cobrar las unidades, dejaron pendientes los trámites para completar la documentación.
Para el concejal, si bien el origen de muchos conflictos está en relaciones contractuales entre privados, sus consecuencias justifican la intervención del Estado.
“Hay un conflicto entre privados, sí, pero también tiene una afectación en general a la población. No podés decir que hay un conflicto entre privados cuando tenés un 10 % o un 15 % de la población en esta situación”, afirmó.
El proyecto ya ingresó al Concejo Deliberante y la intención es que sea tratado en comisiones. El edil anticipó que seguirá impulsando la iniciativa y convocó a los vecinos afectados a involucrarse en la discusión.
“El estado no puede seguir mirando para otro lado ante esta realidad”, concluyó.
