El dominio de los minerales en Argentina pertenece a las provincias, según el artículo 124 de la Constitución Nacional. Esa potestad generó un mapa desigual: siete jurisdicciones tienen leyes que prohíben total o parcialmente la minería metalífera a cielo abierto o el uso de químicos clave para la lixiviación, mientras otras impulsan la actividad.
Así surge de los compendios normativos de la Secretaría de Minería de la Nación y de los boletines oficiales provinciales. Las normas se sancionaron entre 2003 y 2011, con alcances técnicos diversos, pero en la práctica bloquearon durante años la llegada de inversiones de gran escala.
Las provincias con restricciones
Chubut (Ley XVII Nº 68, ex Ley 5.001 de 2003) fue la pionera, tras el plebiscito de Esquel. Prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en todo su territorio.
Tucumán (Ley 7.879 de 2007) veta expresamente la minería metalífera a cielo abierto y el empleo de cianuro y mercurio en los procesos productivos.
La Pampa (Ley 2.349 de 2007) impide la minería metalífera a cielo abierto y el uso de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas.
Córdoba (Ley 9.526 de 2008) prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en toda la provincia y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio) en cualquier modalidad.
San Luis (Ley IX-0634 de 2008) bloquea el uso de sustancias químicas en procesos metalíferos obtenidos por cualquier método extractivo.
Tierra del Fuego (Ley 853 de 2011) veta la actividad metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro, mercurio y otros tóxicos en la isla.
El caso Mendoza: avanzar sin reformar la Ley 7.722
Mendoza fue durante casi dos décadas el símbolo del bloqueo minero en la cordillera. En diciembre de 2019, el intento de reforma mediante la Ley 9.209 desató protestas masivas que forzaron la restitución de la Ley 7.722 apenas diez días después. La dirigencia provincial concluyó que modificar la norma no tenía licencia social.
Sin embargo, el Gobierno mendocino encontró una salida institucional para desarrollar el potencial cuprífero sin apartarse de la Ley 7.722. El giro se sustenta en dos ejes técnicos y políticos.
Primero, procesos por flotación sin reactivos prohibidos. Muchos yacimientos de cobre sulfurado permiten concentrar el mineral mediante flotación física con agua y reactivos biodegradables autorizados, sin ácido sulfúrico, cianuro ni mercurio.
Segundo, evaluación distrital y aval legislativo. Para evitar la parálisis administrativa, la provincia creó el esquema Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), en el sur mendocino, un departamento con amplia licencia social y tradición petrolera.
En lugar de tramitar expedientes aislados, la Autoridad Ambiental Minera evalúa bloques de proyectos bajo una misma línea de base ambiental y los remite a la Legislatura para su ratificación por ley, tal como exige la 7.722.
El mecanismo ya muestra resultados. Tras aprobar una primera tanda de 34 proyectos exploratorios, en diciembre de 2025 la Legislatura mendocina ratificó otras 27 Declaraciones de Impacto Ambiental (MDMO II), con lo que suman 65 áreas habilitadas para explorar. Además, dio sanción definitiva mediante la Ley 9.684 a la DIA de explotación de PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge), en Uspallata.
Con una inversión proyectada superior a los u$s800 millones y adhesión al RIGI, PSJ se convirtió en el primer proyecto metalífero aprobado bajo las reglas de la 7.722 en casi veinte años. Una tercera etapa con otros 71 pedimentos ya transita su evaluación técnica.

