La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) puso en marcha la revisión y actualización del protocolo interinstitucional que regula la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o de situaciones de violencia. El objetivo es adecuar los procedimientos vigentes a los cambios normativos, tecnológicos y a las nuevas modalidades delictivas registradas en los últimos años.
El proceso se abrió con una reunión en el Salón de Actos del Palacio de Justicia que congregó a magistrados de los fueros Penal y de Familia de los distintos centros judiciales de la provincia. El encuentro fue encabezado por la vocal de la Corte Suprema, Claudia Sbdar, quien asumió la coordinación del equipo de trabajo que impulsará la actualización.
Se trata del Protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes (NNyA) víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia, aprobado por la Acordada N.º 361/2015. Desde hace más de una década funciona como herramienta de referencia para orientar y coordinar la intervención de los organismos estatales ante posibles situaciones de abuso o violencia contra menores de edad.
El documento fija un marco de actuación articulada entre las instituciones que intervienen desde el momento en que se toma conocimiento de un presunto hecho de abuso sexual infantil o violencia, con el fin de ordenar las respuestas y garantizar una intervención adecuada de los organismos competentes.
Durante la reunión, Sbdar repasó el proceso que permitió elaborar y poner en funcionamiento el protocolo original, y destacó su carácter interinstitucional y la participación de profesionales y organismos vinculados con la problemática. La magistrada también subrayó que la herramienta alcanzó reconocimiento más allá de Tucumán y es considerada una referencia por otros poderes judiciales del país.
Sin embargo, desde el máximo tribunal provincial advirtieron que, pese a su importancia, es necesario revisar algunos de sus contenidos para adecuarlos a los nuevos contextos, especialmente por la evolución de determinadas conductas delictivas y las modificaciones legislativas, tecnológicas y organizacionales producidas desde su aprobación.
Un equipo interdisciplinario para actualizar los procedimientos
La iniciativa contempla la conformación de un equipo de trabajo integrado por magistrados, funcionarios y representantes de los organismos con competencia en la atención y protección de niños, niñas y adolescentes.
Entre sus principales tareas figuran el relevamiento de las prácticas y estructuras actualmente vigentes, la identificación de los aspectos del protocolo que requieren modificaciones y la armonización de sus disposiciones con los cambios normativos y organizacionales posteriores a 2015.
El objetivo final será elaborar una propuesta actualizada que permita fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones involucradas en la atención de víctimas y testigos de abuso sexual infantil o violencia. Para avanzar en esa tarea se desarrollarán reuniones y talleres de trabajo, además de disponerse las medidas administrativas y de apoyo necesarias para el funcionamiento del equipo.
De acuerdo con lo establecido en la Acordada N.º 771/2026, fueron convocados representantes del Ministerio Pupilar y de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, la Coordinación del Fuero Penal y el Centro de Entrevistas de Declaración Testimonial (EDT) del Centro Judicial Capital.
También participarán la Oficina de Abordajes Técnicos Especializados y la Oficina de Gestión Asociada de Procesos de Violencia N.º 1 del Centro Judicial Capital, entre otras dependencias con intervención en la temática.
Participación de organismos del Poder Ejecutivo
La actualización del protocolo también requerirá la participación de áreas del Gobierno provincial, debido al carácter interinstitucional de los procedimientos que se busca revisar.
En ese sentido, la Corte Suprema prevé convocar a representantes de los ministerios de Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Social, cuyas competencias resultan relevantes para la detección, atención y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de abuso o violencia.
La incorporación de estas áreas apunta a garantizar que las nuevas disposiciones contemplen la intervención coordinada de los organismos judiciales, sanitarios, educativos y de protección social.
Con esta primera reunión, la Corte Suprema dejó formalmente iniciado el proceso de revisión del protocolo aprobado en 2015, que deberá concluir con la elaboración de una propuesta de actualización.
La iniciativa busca fortalecer las herramientas institucionales de respuesta ante situaciones de abuso sexual infantil y violencia, mediante procedimientos adaptados a las actuales exigencias normativas y a las transformaciones registradas en esta problemática.
