El Tribunal de Cuentas de Tucumán cerró cinco juicios de cuentas y formuló cargos fiscales por $205.335.949,04 contra autoridades y exautoridades de cuatro comunas rurales de la provincia, por rendiciones de fondos públicos que no fueron regularizadas en su totalidad.
Las resoluciones se emitieron entre el 13 y el 15 de octubre y alcanzan a responsables de Gobernador Piedrabuena, Los Bulacios y Los Villagras, San Pablo y Villa Nougués, y El Chañar. Los períodos observados van de 2021 a 2025.
En los cinco casos, el organismo de control declaró la responsabilidad patrimonial de los involucrados, fijó los importes de los cargos y dispuso la intervención de su Departamento Judicial para gestionar el cobro y, de corresponder, iniciar acciones de ejecución. Los montos fueron actualizados hasta agosto de 2026 con la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y seguirán ajustándose hasta el pago efectivo.
El caso más abultado: Gobernador Piedrabuena
El Acuerdo N.º 3944, del 13 de octubre, declaró patrimonialmente responsables al comisionado comunal Lautaro Hugo Apestey y al secretario habilitado Carlos Ríos. El expediente se originó por la falta de regularización del Comprobante de Observación N.º 2918, del primer bimestre de 2025, por un importe observado de $61.602.288,26.
El Tribunal señaló que los responsables fueron declarados en rebeldía mediante el Acuerdo N.º 2442, del 26 de junio de 2026, y que no aportaron pruebas para regularizar las observaciones. En consecuencia, resolvió un cargo fiscal de $90.628.800,28, actualizado al 28 de agosto de 2026.
Los Bulacios y Los Villagras: más de $86 millones
El Acuerdo N.º 3995, del 15 de octubre, declaró patrimonialmente responsables al comisionado Cristian Argañaraz y a la secretaria habilitada Claudia Marcela Bulacio, por falta de regularización de observaciones contables del primer bimestre de 2025. El juicio de cuentas había sido ordenado por el Acuerdo N.º 1798, del 21 de mayo de 2026, a partir de un saldo observado de $57.720.832,40.
Durante el trámite se notificó a los responsables, se abrió la causa a prueba y se les dio intervención para ejercer su defensa. Concluido el procedimiento, el organismo determinó que persistía la falta de regularización y fijó un cargo fiscal de $86.639.649,94, actualizado al 31 de agosto de 2026.
San Pablo y Villa Nougués: regularización parcial
El Acuerdo N.º 3959, del 14 de octubre, corresponde a un juicio de cuentas contra Sergio Luis Castro y Miguel Antonio Fernández, exdelegado comunal y exsecretario habilitado, respectivamente. La investigación se inició por la falta de regularización del Comprobante de Observación N.º 1360, del sexto bimestre de 2022, por un importe original de $121.932.359,86.
Los responsables fueron inicialmente declarados en rebeldía por no comparecer en plazo, pero luego constituyeron domicilio legal y presentaron documentación. El análisis contable determinó que esa presentación permitió regularizar parcialmente la situación y quedó un saldo pendiente de $5.669.870,39. Con la actualización, el Tribunal fijó un cargo fiscal de $18.536.969,36, solidario y mancomunado para ambos, y ordenó la intervención del Departamento Judicial para procurar su percepción.
El Chañar: descargo y aprobación parcial
Mediante el Acuerdo N.º 3940, del 13 de octubre, el Tribunal formuló un cargo fiscal contra el comisionado comunal Fabio Roque Pérez por observaciones del primer bimestre de 2024, por un importe inicial de $21.029.082,89.
Pérez presentó un descargo con documentación respaldatoria que fue analizada por los organismos técnicos del Tribunal. Se recomendó aprobar parcialmente la rendición por $16.495.668,67 y quedó pendiente un saldo de $4.533.414,22. Actualizado al 31 de agosto de 2026, el cargo fiscal quedó en $8.685.307,03.
Segundo expediente en Gobernador Piedrabuena
El Acuerdo N.º 3968, del 14 de octubre, declaró patrimonialmente responsables a la excomisionada comunal Olga Estela Lucena y al secretario habilitado Carlos Enrique Ríos, por observaciones del tercer bimestre de 2021. El expediente se había iniciado por $8.352.457,51.
Los responsables presentaron documentación que permitió justificar parcialmente los gastos observados y el monto pendiente se redujo a $2.298.467,72. Luego el Tribunal excluyó importes vinculados con la falta de certificados de funcionamiento de una cooperativa y con cuestiones formales de recibos de haberes, al considerar que esas deficiencias, por sí solas, no justificaban cargos fiscales sin perjuicio patrimonial acreditado. El saldo finalmente pendiente quedó en $203.399,99 y, con la actualización al 30 de agosto de 2026, el cargo fiscal fue fijado en $845.222,43.
Un dato relevante es que Carlos Ríos figura como secretario habilitado en los dos expedientes de Gobernador Piedrabuena, correspondientes a los períodos de 2021 y 2025.
El contexto de las comunas “flojas de papeles”
Los nuevos cargos vuelven a poner en evidencia la problemática de las comunas “flojas de papeles”, que Tendencia de Noticias viene abordando a partir de las reiteradas observaciones sobre el manejo y la rendición de fondos públicos en el interior tucumano.
El propio Tribunal de Cuentas, al evaluar la Cuenta de Inversión 2025 mediante el Acuerdo N.º 3482, advirtió que las 93 comunas rurales de la provincia registran sus movimientos en “registros contables precarios” y carecen de un sistema que permita obtener información “confiable, precisa y oportuna”.
Aunque el organismo constató que se había presentado el 99,10% de los estados contables bimestrales, señaló deficiencias estructurales en los mecanismos de registración y recomendó implementar un sistema de contabilidad adecuado. En ese contexto, las cinco resoluciones que ahora establecen cargos fiscales por más de $205 millones constituyen nuevos antecedentes de las dificultades para justificar y regularizar la administración de recursos públicos en las comunas tucumanas.
Actualización hasta el pago efectivo
En las cinco resoluciones, el Tribunal de Cuentas dispuso dar por concluidos los respectivos juicios de cuentas y declaró la responsabilidad patrimonial de los funcionarios y exfuncionarios involucrados, que deberán responder de sus bolsillos por los montos impuestos.
Los cargos determinados suman $205.335.949,04, aunque el importe definitivo podría ser mayor porque todos los acuerdos establecen su actualización hasta la fecha de efectivo pago. Las actuaciones llevan las firmas del presidente del Tribunal, Miguel Chaibén Terraf, y de los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, y fueron remitidas al Departamento Judicial del organismo para que los abogados fiscales procuren recuperar los montos reclamados y, cuando resulte necesario, impulsen su ejecución.
Cabe aclarar que las resoluciones corresponden a procedimientos administrativos de control de cuentas públicas y determinación de responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, no constituyen por sí mismas condenas penales ni acreditan necesariamente la comisión de delitos.
