El Ministerio Público Fiscal de Tucumán desarticuló parte de una presunta organización que estafó a decenas de personas con terrenos ajenos, contratos de vivienda y cheques sin fondos. La causa, que arrancó en 2023, apunta a un perjuicio superior a los $1.000 millones.
Cuatro sospechosos quedaron bajo prisión preventiva, entre ellos el señalado como jefe de la banda y un integrante de una fuerza de seguridad nacional. La Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, los imputó por asociación ilícita, estafas reiteradas, estelionato, amenazas y desbaratamiento de confianza, en relación con 14 hechos.
Según la hipótesis oficial, la estructura criminal habría operado desde 2021 usando como fachada a la empresa constructora Constru Servicios S.A.S. y otras denominaciones comerciales. El objetivo era aparentar una actividad legítima para captar clientes e inversores y obtener dinero mediante distintos engaños.
El modus operandi: terrenos, viviendas y cheques
La investigación reconstruyó un esquema que combinaba la venta de lotes, la contratación de viviendas bajo la modalidad “llave en mano” y la obtención de financiamiento de particulares y proveedores con cheques de pago diferido.
Para atraer a las víctimas, los sospechosos publicaban ofertas inmobiliarias en Facebook y atendían en oficinas de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. La existencia de locales, la participación de varios socios y una aparente capacidad económica generaban confianza, según los investigadores.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que muchas operaciones se hacían sobre inmuebles que no pertenecían a los vendedores y que en algunos casos estaban envueltos en conflictos legales. El abogado querellante Juan Guerrero explicó que los compradores recibían garantías falsas sobre la situación jurídica de los terrenos.
“Les decían que los lotes estaban libres de todo tipo de gravamen, de todo tipo de litigiosidad alguna e inclusive que eran los titulares de los lotes”, señaló Guerrero. Y agregó: “Además de que esos terrenos sí estaban en litigiosidad y no eran ellos los titulares, les solicitaban transferencias mensuales para el mantenimiento, desmalezamiento y limpieza del lote”.
Las irregularidades salieron a la luz cuando los compradores reclamaron la documentación para acreditar la propiedad o exigieron avances en las construcciones prometidas. Según el querellante, los responsables respondían con excusas para evitar la firma de escrituras: viajes, reuniones laborales, problemas personales o falta de tiempo para ir a las escribanías. Los trámites nunca se concretaban y, con el tiempo, los compradores dejaban de recibir respuestas.
El circuito financiero y los proveedores
El mecanismo no se limitaba al mercado inmobiliario. La Fiscalía también detectó una presunta maniobra para obtener grandes sumas de particulares y proveedores bajo la promesa de financiar proyectos de construcción.
Según la acusación, los integrantes de la organización pedían capital argumentando que necesitaban liquidez para sostener sus emprendimientos. A cambio entregaban cheques de pago diferido que al principio pagaban en fecha. Esa primera etapa de cumplimiento habría servido para generar confianza y alentar nuevas entregas de dinero por montos cada vez mayores.
Cuando el circuito alcanzaba un volumen significativo, los pagos se interrumpían y los cheques rebotaban por falta de fondos o porque las cuentas bancarias habían sido cerradas. Así, según los investigadores, la organización perjudicó al mismo tiempo a compradores de terrenos, personas que habían contratado viviendas, inversores y proveedores de materiales.
El fiscal López Ávila describió las consecuencias: “Como consecuencia directa de su accionar, las obras fueron abandonadas, las transacciones inmobiliarias resultaron ser estelionato, los proveedores perdieron su mercadería y el circuito financiero resultó ser un desfalco colosal, sin que ninguno de los miembros brindase solución alguna”.
Allanamientos, imputaciones y prisión preventiva
Las primeras denuncias se presentaron en 2023. Desde entonces, los investigadores sumaron testimonios, documentación contractual, registros financieros y elementos digitales que permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la presunta asociación ilícita. El expediente reúne más de una decena de denuncias, aunque los investigadores creen que la cantidad de damnificados podría ser mucho mayor.
Las tareas también permitieron establecer una presunta distribución de funciones entre el supuesto jefe, sus socios y familiares o allegados que habrían intervenido en la administración y circulación del dinero. De acuerdo con la acusación, la estructura empresarial se usaba para respaldar las operaciones y transmitir una imagen de solvencia. Sin embargo, Guerrero señaló que algunas de las direcciones declaradas por la firma correspondían a lugares donde no se desarrollaba ninguna actividad comercial.
Con los elementos reunidos, la Fiscalía pidió medidas judiciales para detener a los principales sospechosos y secuestrar documentación y dispositivos. Los procedimientos se concretaron el martes 6 de octubre con una serie de allanamientos. El operativo terminó con cuatro detenidos, entre ellos el presunto líder y un hombre perteneciente a una fuerza de seguridad nacional.
Al día siguiente, miércoles 7 de octubre, López Ávila encabezó la audiencia de formulación de cargos. El Ministerio Público les atribuyó asociación ilícita, estafas reiteradas, estelionato, amenazas y desbaratamiento de confianza, en relación con 14 hechos. El estelionato comprende maniobras fraudulentas vinculadas con la disposición de bienes ajenos o gravados, una figura que la Fiscalía considera clave para analizar las operaciones inmobiliarias denunciadas.
Durante la audiencia, el fiscal expuso su hipótesis sobre el funcionamiento de la presunta banda y presentó las evidencias. También solicitó medidas de coerción. Para el señalado como principal responsable pidió cinco meses de prisión preventiva, mientras que para los otros tres imputados solicitó 35 días. El juez Augusto Paz Almonacid hizo lugar a los pedidos y dispuso las medidas en los términos solicitados, sin que ello implique una declaración de culpabilidad.
La causa sigue abierta y esperan más imputaciones
El expediente permanece abierto y se espera que en los próximos días se formulen nuevas acusaciones contra otras personas que podrían haber participado. El querellante Juan Guerrero advirtió que la causa podría crecer a medida que se incorporen nuevas pruebas.
“Estamos frente a una banda criminal organizada dedicada a las estafas, será una investigación muy larga, recién estamos viendo la punta del iceberg, faltan muchísimas evidencias más que aportar y producir junto al MPF”, afirmó.
Guerrero también vinculó el funcionamiento de la presunta organización con el avance de las estafas en plataformas digitales y redes sociales. Según sus declaraciones, más del 70% de las estafas en operaciones de compraventa correspondería a maniobras de organizaciones que usan publicidad engañosa en internet. Y aclaró que estos mecanismos no se limitan a terrenos y viviendas: también aparecen en operaciones con automóviles, teléfonos celulares y otros bienes.
“Es común este tipo de delitos en compras y ventas de redes sociales, son bandas criminales que operan fuertemente en redes sociales”, sostuvo.
La investigación judicial continuará con el análisis de la documentación secuestrada, los registros digitales y las operaciones financieras atribuidas a los acusados. Los fiscales buscarán establecer el destino del dinero, identificar a todos los posibles participantes y determinar la cantidad total de víctimas y el perjuicio económico ocasionado.
Por ahora, la causa registra cuatro imputados bajo prisión preventiva, 14 hechos formalmente atribuidos y una investigación que apunta a esclarecer un presunto fraude inmobiliario y financiero superior a los $1.000 millones, considerado uno de los casos de estafas de mayor magnitud económica que investiga actualmente el Ministerio Público Fiscal de Tucumán.
