Una serie de requerimientos formales por gastos millonarios sacude a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT). El juez penal Gonzalo Javier Ortega reclama explicaciones sobre el destino de los fondos y cuestiona la transparencia de la administración.
El primer planteo fue presentado el 29 de mayo de 2026. Ortega solicitó a la presidenta de la entidad, Marcela Ruiz, una rendición de cuentas detallada del ejercicio 2024. El magistrado había integrado la asociación durante ese período y pidió acceder a la documentación respaldatoria de distintos gastos.
Entre las erogaciones que reclamó justificar figuran $22.760.206,78 en comestibles y cafetería. Incluso solicitó precisiones sobre la cantidad de café adquirido y si las compras correspondían a cápsulas o paquetes.
Los montos bajo la lupa
También cuestionó pagos por medicina prepaga a ASUNT, por $2.352.236,54; OSDE, por $17.180.210,65; y Swiss Medical, por $39.161.098,98. A esos montos se sumaron consumos de farmacia por más de $10 millones y transferencias a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) por $7.644.565,52.
Ante la falta de una respuesta que considerara suficiente, el 27 de julio Ortega intimó a los integrantes de la Comisión Directiva. Les otorgó diez días hábiles para responder y advirtió que, de persistir el silencio, podría recurrir a la Justicia por una eventual responsabilidad civil y penal.
La respuesta de la Asociación de Magistrados
La conducción respondió el 12 de agosto mediante una nota firmada por la secretaria Luciana Eleas y el vicepresidente en ejercicio, Jorge Jakobsen. En el escrito, rechazó las sospechas y sostuvo que nunca había utilizado la confidencialidad como argumento para impedir el control legítimo de su gestión.
Sin embargo, cuestionó el derecho de Ortega a exigir esa documentación. La directiva señaló que el juez había solicitado su desafiliación el 16 de diciembre de 2024 y argumentó que, por esa razón, ya no tenía facultades para controlar la administración de la entidad. También recordó que el balance de 2024 había sido aprobado por unanimidad en la asamblea del 16 de septiembre de 2025.
Además, sostuvo que el pedido de acceso a facturas, contratos y consumos de terceros excedía el derecho individual a la información y podía vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales, especialmente por la presencia de información vinculada con la salud.
La discusión continuó el 23 de agosto, cuando Ortega rechazó esos argumentos por considerarlos insuficientes para despejar sus cuestionamientos sobre la transparencia institucional.
En esa presentación, el magistrado invocó la resolución 340/2024 de la Dirección de Personas Jurídicas y afirmó que la AMT habría funcionado con mandatos vencidos y en una situación irregular entre el 30 de abril de 2022 y el 22 de agosto de 2024.
A partir de ese planteo, exigió que se identificara a las personas que administraron los fondos, utilizaron cheques y autorizaron transferencias bancarias durante ese período.
La Comisión Directiva respondió nuevamente el 29 de septiembre, con la firma de Jakobsen. En la nota, negó que la falta de certificación de normal funcionamiento implicara una administración irregular o la ausencia de autoridades legítimas. También cuestionó la reiteración de los reclamos y defendió el desempeño institucional de la asociación.
Hasta el momento, Ortega no habría recibido nuevas respuestas a sus requerimientos.
Una causa judicial que sigue en trámite
La disputa también se desarrolla en paralelo a un proceso judicial iniciado por la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes Ana María Iácono, quien denunció que no pudo revisar las facturas antes de una asamblea celebrada en abril de 2026.
La magistrada demandó a la asociación y solicitó la nulidad de la reunión en la que se aprobaron la memoria y el balance sin un examen previo de la documentación respaldatoria. Además, advirtió sobre posibles maniobras de ocultamiento y se reservó la posibilidad de reclamar responsabilidades patrimoniales.
En ese expediente, el juez en lo Civil y Comercial Común Pedro Yane Mana había dictado una medida cautelar que ordenaba a la AMT entregar los comprobantes contables de 2025 en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de secuestro judicial.
Aunque la entidad anunció que cumpliría la orden, la documentación fue presentada sin el inventario detallado que había exigido el magistrado. Posteriormente, la asociación lo recusó sin expresión de causa, lo que derivó en su apartamiento del expediente.
La intervención también se complicó porque numerosos jueces civiles, desde la primera hasta la octava nominación, se excusaron de participar debido a su pertenencia a la entidad demandada.
Finalmente, el expediente quedó radicado en el juzgado en lo Civil y Comercial Común de la XI Nominación, a cargo de Inés Yasmuss, quien asumió formalmente la competencia.
Ahora deberá determinar si la documentación presentada cumple con lo ordenado en la medida cautelar o si corresponde avanzar con nuevas medidas judiciales. Mientras tanto, los cuestionamientos sobre los gastos y la rendición de cuentas mantienen abierta la polémica dentro de la Asociación de Magistrados de Tucumán.
