La mayoría peronista de la Legislatura rechazó este miércoles el intento de la oposición de asegurar el tratamiento del proyecto que propone intervenir la Municipalidad de Graneros y dispuso que la iniciativa pase primero por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Durante el inicio de la sesión, el legislador José Macome, autor del proyecto, pidió reservar el expediente en secretaría. Con ese mecanismo buscaba garantizar su incorporación al orden del día de la próxima reunión parlamentaria.
El planteo fue rechazado por el presidente del bloque del Partido Justicialista, Roque Tobías Álvarez, quien sostuvo que la iniciativa debía cumplir previamente con el trámite ordinario en comisión.
Al momento de la votación, la bancada oficialista hizo valer su mayoría y rechazó la reserva. De esta manera, el expediente deberá pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde los legisladores analizarán la viabilidad de la intervención y resolverán si emiten un dictamen que permita posteriormente llevar el asunto al recinto.
El expediente 350-PL-26 y los diez firmantes
El proyecto había cobrado impulso luego de que diez legisladores opositores solicitaran a la presidenta de Asuntos Constitucionales, Carolina Vargas Aignasse, acelerar el tratamiento del expediente 350-PL-26.
El planteo lleva las firmas de Claudio Viña, Walter Berarducci, José Manuel Cano, Eduardo Verón Guerra, José Macome, Raquel Nievas, Ricardo Bussi, José Nicolás Seleme, Manuel Courel y Agustín Romano Norri.
Los opositores invocaron el artículo 139 de la Constitución provincial y argumentaron la existencia de un presunto “grave desorden institucional” en Graneros.
Los antecedentes que motorizaron el pedido
El pedido tiene entre sus antecedentes los incidentes ocurridos el sábado 19 de septiembre durante una visita al municipio del diputado nacional Gerardo Huesen. Su comitiva denunció agresiones, insultos y amenazas que atribuyó a personas vinculadas con la gestión municipal.
Desde el municipio rechazaron esas acusaciones y negaron vínculos con los agresores.
La iniciativa también menciona una denuncia penal presentada en junio contra la intendenta Raquel Graneros por presunto enriquecimiento ilícito, relacionada con la compra de inmuebles.
Los legisladores opositores sostienen que estos episodios afectan la convivencia democrática y justifican avanzar con la intervención. Por ahora, el proyecto deberá superar el análisis de Asuntos Constitucionales antes de tener la posibilidad de ser debatido en el recinto.
