Una pensionada de 74 años denunció que delincuentes que simularon ser empleados del Subsidio de Salud le gestionaron un préstamo de $10 millones a su nombre y vaciaron su cuenta bancaria. La causa la investiga la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I de Tucumán, a cargo de Diego Hevia.
El episodio ocurrió el 23 de julio, minutos antes de las 17. La mujer recibió una videollamada por WhatsApp desde un usuario identificado como “Atención Personalizada”, cuya foto de perfil mostraba el logo del Subsidio de Salud. Del otro lado, un supuesto empleado le dijo que tenía que actualizar la cobertura del 100% en medicamentos y le ofreció hacer el trámite a distancia.
Con ese argumento, el falso agente le indicó que iba a recibir una serie de códigos para completar la gestión y le pidió fotos de los remedios que tomaba habitualmente. Después, con la excusa de terminar el procedimiento administrativo, le solicitó las claves de acceso al home banking del Banco Macro y de su cuenta de Tarjeta Naranja.
La pensionada, que según la denuncia no maneja plataformas digitales ni herramientas tecnológicas, siguió las instrucciones al pie de la letra. Poco después de cortar, advirtió que habían pedido un préstamo de $10 millones a su nombre.
El recorrido del dinero
De acuerdo con la investigación, el crédito se acreditó primero en su cuenta sueldo del Banco Macro, luego se transfirió a una cuenta de Naranja X y finalmente se envió a cuentas de terceros que los pesquisadores ya tienen identificadas. Además del préstamo fraudulento, los estafadores se quedaron con los $248.000 que la víctima tenía disponibles en el banco al momento del hecho.
Cuando descubrió las operaciones, la mujer pidió ayuda a una vecina y a sus hijos, que la acompañaron hasta la Comisaría Novena para hacer la denuncia.
La pesquisa apunta por ahora a tres sospechosos: la persona que habría contactado telefónicamente a la víctima haciéndose pasar por personal del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, y los titulares de las cuentas que recibieron el dinero, que ya aparecen vinculados en otros expedientes por maniobras similares.
El abogado querellante Juan Guerrero pidió que los responsables sean investigados por el presunto delito de estafa mediante suplantación de identidad. Según explicó, los investigadores siguen el rastro del dinero y analizan si los involucrados forman parte de una organización criminal más grande dedicada a este tipo de engaños.
El letrado contó además que en otras causas parecidas los delincuentes convencían a las víctimas de instalar en el celular un programa de acceso remoto llamado Supremo Mobile Assist. Con esa aplicación tomaban el control de los dispositivos y hacían operaciones bancarias mientras les hacían creer a los damnificados que estaban colaborando con el supuesto trámite.
El impacto en la pensión
En paralelo a la investigación penal, la defensa de la pensionada inició gestiones para intentar anular el préstamo y evitar que el banco descuente las cuotas del crédito cuando se acredite su haber previsional. Guerrero advirtió que la situación económica de la víctima es crítica: las cuotas rondan los $700.000 mensuales, mientras que la mujer cobra una pensión apenas superior al millón de pesos, lo que le dejaría muy poco margen para sus gastos básicos.
Para el abogado, se trata de maniobras especialmente graves porque los estafadores aprovecharon la necesidad médica de la víctima y usaron el engaño para sacarle dinero a través de sus cuentas bancarias.
