Siete oficiales declararon ante la Justicia Federal por presuntas irregularidades en la liquidación de haberes de la Armada Argentina, con pagos indebidos, retornos y una estafa que, según los testimonios, rondaría los $1.600 millones.
La denuncia, presentada ante el Juzgado Federal N° 2, apunta a un área específica de la fuerza: la que se encarga de liquidar los sueldos. Allí estarían involucradas alrededor de 25 personas entre oficiales y civiles, según reconstruyó este medio a partir de fuentes calificadas.
El caso salió a la luz cuando una teniente se negó a aceptar un suplemento del que debía devolver la mitad. “Todo explota porque quisieron meter en este círculo de corrupción a una teniente, que como es honesta dijo que no. Ahí empezaron las presiones de los capitanes que están metidos en esto. Querían que la teniente agarrara, ya que se convirtió en un riesgo. Su negación y denuncia interna originaron todo lo que ahora se sabe”, relató una fuente al tanto de la investigación.
El mecanismo de la maniobra
De acuerdo con los testimonios, desde 2022 se habrían realizado falsas liquidaciones de códigos, de personal retirado y de oficiales en actividad que no correspondían. “Están involucrados desde un almirante para abajo. Desde 2022, se realizaban falsas liquidaciones de códigos, de personal retirado y códigos que le liquidan a oficiales en actividad que no le correspondían. Todo, obviamente con retorno incluido”, precisó una fuente de la Armada.
Uno de los denunciantes explicó cómo operaba el sistema con los retirados: “Una de las cosas que hacían era que aquellos que se iban de baja o retirados elevaban el número de Cuil a Defensa, solicitando por ejemplo u$s40.000 para pagar los sueldos cuando en realidad eran u$s30.000 ya que u$s10.000 se habían ido de baja. Ese restante se lo repartían entre los implicados. Ese número de Cuil no hay forma de controlarlo, ya que la Armada mandaba solo número de Cuil al Ministerio de Economía para que le giren para pagar los sueldos”.
Otro testimonio indicó que “una de las formas era quedarse con un porcentaje importante de lo que se liquidaba indebidamente. Estamos hablando de una estafa de alrededor de $1.600 millones”.
Según las fuentes consultadas, también se manipulaban los suplementos. “No están involucrados solo oficiales sino también civiles. Fue un robo de guante blanco hasta que la teniente se cansó y los denunció. Eran los civiles (el área de liquidación de sueldos) los que cargaban los suplementos, y los jefes firmaban. Después se repartían tanto lo que llegaba de los suplementos por ejemplo por buceo como lo que llegaba de las bajas. Nadie controla qué mes un oficial se va de baja. A Economía enviaban un listado de gente que ya se fue de baja, plata con la que se quedaba toda esta gente”, detalló una fuente de la Armada.
La reacción interna y el comunicado pendiente
Dentro de la fuerza, la atención está puesta en los contadores. Los oficiales consultados manifestaron su enojo: “Son una banda a la que deberían echarlos a todos. Nosotros creemos que van a intentar detener la sangría en estas quince personas a las que se señaló, pero hay muchos más. También se debe investigar a todos los que agarraron suplementos que no les correspondían. Por ejemplo, les daban un suplemento mensual de 400 lucas, pero debían devolver 200 lucas. Esos también son parte. La rueda viene desde 2022. Los que inventaron esta movida son los del SIAF”. La referencia es a los Servicios Financieros de la Armada, en el centro de las acusaciones.
En los chats de la Armada circuló el martes un mensaje atribuido a la cúpula: “La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley”.
La tensión escaló a la espera de que se haga público el comunicado oficial que detalle la denuncia, algo que hasta el momento no ocurrió. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, donde se investigarán los hechos y se determinarán las responsabilidades de los involucrados.
