La Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis (UTEP) llevó al Superior Tribunal de Justicia su reclamo por el decreto 1592 que, según el gremio, impide cubrir vacantes y provoca que concursos docentes queden desiertos en la provincia.
La norma, firmada por el Gobierno de Claudio Poggi, permite que una docente que ya tiene un cargo acceda de manera excepcional a un segundo puesto cuando no haya postulantes sin cargo, pero limita esa designación hasta la finalización del ciclo lectivo. Para UTEP, esa condición genera inestabilidad y no ofrece una solución de fondo a la falta de maestros en distintas zonas.
Carlos Peralta, secretario general del gremio, explicó en diálogo con El Destape que el problema se detecta desde 2020, con especial impacto en San Luis Capital y Villa Mercedes, las dos ciudades más grandes de la provincia. “Desde el 2020 para acá, se nota que no hay maestros. Hay dos regiones fundamentales: la región uno, que es San Luis Capital, y la región dos, que es Villa Mercedes. Son las dos ciudades más grandes y no hay suficientes maestros”, sostuvo.
Concursos que quedan vacíos
Según Peralta, cuando se abre un concurso y las únicas postulantes son docentes que ya tienen un cargo, las restricciones para acumular puestos impiden que accedan a la nueva vacante. Si no se presentan personas sin otro empleo público, el llamado puede quedar desierto aunque exista un cargo por cubrir.
El dirigente vinculó la escasez de profesionales con la cantidad de egresados de los profesorados. “Por ejemplo, en los IFDC, los institutos de enseñanza de los profesorados, no se reciben más de 15 maestras por año, como mucho”, detalló.
Peralta afirmó además que durante el año pasado el 50% de los concursos para cargos de maestra quedaron desiertos porque las personas que se presentaban ya tenían otro cargo público y no podían acceder a la nueva vacante por las restricciones vigentes. “Había un cargo de maestro y todos los que se presentaban ya tenían un cargo. Entonces, todos eran desestimados por el artículo 23 y el llamado quedaba desierto”, relató.
Qué establece el decreto 1592
El conflicto se concentra en el decreto 1592, dictado a comienzos de año, que fija las condiciones para concursos y designaciones docentes. La norma contempla que una docente con cargo pueda acceder a un segundo cuando no se presente ninguna postulante sin cargo, pero UTEP cuestiona que esa posibilidad sea tratada como excepcionalidad y que la designación tenga como límite el cierre del ciclo lectivo.
El gremio sostiene que esa condición contradice el artículo 65 del estatuto docente, que permite tener hasta 40 horas, ya sean horas cátedra o cargos, respetando las disposiciones constitucionales.
Peralta explicó que el artículo 23 de la Constitución de San Luis establece como regla que una persona solo puede tener un cargo público a sueldo, ya sea nacional, provincial o municipal, pero contempla una excepción para educación cuando existe escasez de docentes o necesidad técnica.
De los reclamos administrativos a la Justicia
Antes de llegar al Superior Tribunal de Justicia, UTEP asegura haber presentado reclamos ante las autoridades provinciales. “Nosotros, en abril, cuando nuestros afiliados y afiliadas empezaron a tomar los cargos, fuimos y lo denunciamos. Planteamos la situación ante Educación y Recursos Humanos, pero no hubo respuesta”, sostuvo Peralta.
El gremio también llevó el planteo a diputados oficialistas y opositores, con el argumento de que un decreto no puede vulnerar lo establecido por una ley y por el estatuto docente. Al no obtener una solución por esa vía, decidió avanzar judicialmente.
La presentación incluye una acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar firmada por dos afiliadas directamente afectadas. UTEP pide que sus designaciones como interinas no queden condicionadas al cierre del ciclo lectivo y que sean reconocidas bajo esa modalidad.
“Nosotros venimos haciendo todo el recorrido, paso por paso: primero Ejecutivo, Legislativo y ahora lo último que nos queda es la Justicia”, afirmó Peralta. Según explicó, la medida cautelar debería tener respuesta en lo inmediato, ya que el planteo establece un plazo de 10 días hábiles.
El reclamo por el doble cargo
El gremio cuestionó que las restricciones de San Luis sean, según su interpretación, particularmente excepcionales respecto de otras jurisdicciones. “San Luis es la única provincia del país que no deja tomar el segundo cargo”, afirmó Peralta. Mencionó los casos de Buenos Aires, Formosa, Tucumán, La Rioja y Misiones, donde, según sostuvo, existe la posibilidad de acceder al doble cargo docente bajo determinadas condiciones.
Para UTEP, el reclamo judicial no se limita a resolver la situación de las dos docentes que presentaron la cautelar, sino que apunta a discutir un mecanismo que, según el gremio, termina con vacantes sin cubrir en una provincia que al mismo tiempo enfrenta falta de maestros.
